Tres en uno

El ingreso mínimo vital cumple —como el tres-en-uno— varias funciones dentro de la misma política, inédita en la historia, contra la desigualdad extrema provocada por la pobreza severa.

Primera función. Rescata de la miseria absoluta —la marginación retributiva— a quienes cayeron en la cuneta, sobre todo desde la Gran Recesión iniciada en 2008. Son los 850.000 hogares más pobres (y 1,6 millones de personas), que están ahí, enquistados en ella, con ingresos inferiores a 6.000 euros anuales en 2019.

E...

El ingreso mínimo vital cumple —como el tres-en-uno— varias funciones dentro de la misma política, inédita en la historia, contra la desigualdad extrema provocada por la pobreza severa.

Primera función. Rescata de la miseria absoluta —la marginación retributiva— a quienes cayeron en la cuneta, sobre todo desde la Gran Recesión iniciada en 2008. Son los 850.000 hogares más pobres (y 1,6 millones de personas), que están ahí, enquistados en ella, con ingresos inferiores a 6.000 euros anuales en 2019.

El doble escándalo diferencial español consiste en que esa pobreza severa (medida en un techo de ingresos inferior al 40% de la mediana) afecta a un 12,4% de la población, frente al 6,9% europeo. Y que hasta hoy carecía de paliativo general.

Segunda función. Rescata a los nuevos expulsados a la cuneta social por la actual recesión, que aún ignoramos cuántos serán. Pero que previsiblemente se solaparán con los sectores ya castigados, precarios, de menor cualificación laboral, generacionalmente menos protegidos y socialmente más periféricos.

Estos se incorporan a través de la transitoria tercera del Real Decreto-ley 20/2020, como supuestos de vulnerabilidad acaecidos en el “año en curso”. Su urgencia coyuntural se suma al retraso estructural de los anteriores: se cumplen dos funciones con una misma disposición.Así, quienes se sigan oponiendo a la ayuda estructural deben explicar cómo sajar la pobreza enquistada. Liberales e intervencionistas que urgían —con alguna razón de peso— una respuesta rápida, si creían de verdad en ella y no como coartada para retrasar todo apoyo, estarán ya satisfechos.

Su tercera función es contribuir a la cohesión territorial. Las rentas mínimas autonómicas vigentes son muy dispares. En cuantía. Y en cobertura social. En Euskadi cubren a un 71,2% de la población bajo el umbral de la pobreza; en Andalucía (que exhibe un 25% de los hogares más pobres) y en Castilla-La Mancha, a menos del 2%. Ahora todos seremos menos desiguales.

Si estas tres funciones suponen por sí mismas un salto histórico de dimensiones extraordinarias —en el haber del intenso trabajo del Ministerio de Inclusión de José Luis Escrivá—, reclaman otro cambio decisivo: una nueva frontera para las políticas activas de empleo, que cuelgan de Trabajo, de Asuntos Sociales y de las autonomías.

Porque el entero edificio del ingreso mínimo vital se asienta en compatibilizarlo con el empleo (artículo 8.4), la empleabilidad (inscripción de los beneficiarios como demandantes de empleo, artículo 7.d) y, así, en favorecer y no retraer su acceso al mercado de trabajo, lo que articulará un brazo sancionador si se incumplen las normas.

Falta el brazo incentivador. Si no funcionan los institutos públicos de empleo —con itinerarios, asesoría personalizada y unas plantillas suficientes—, el proceso contra la pobreza corre riesgo de cortocircuitarse. Y no funcionan: intermedian, recolocando, a menos de un 3% de sus clientes; por un 80% en Alemania, o un 86% en el Reino Unido. Y, sobre eso, solo escuchamos silencio.