La crisis del coronavirus destapa la vulnerabilidad de miles de desempleados en México

En un mes, Mariela Sánchez Baca ha pasado de vender productos financieros a empacar desayunos a domicilio. El 19 de marzo, dos días antes de su cumpleaños, esta licenciada en Comunicación de 30 años llegó a la oficina de grandes ventanales en el barrio de Santa Fe, en Ciudad de México. Arreglada y en tacones, como siempre. Le pidieron que subiera a Recursos Humanos. El coronavirus ya llenaba noticieros e intuía lo que le iban a decir: cerraban y ella se iba a la calle. Sin firmar documento alguno, le pusieron un sobre en la mesa: el finiquito de una quincena, algo menos de 10.000 pesos, unos 4...

En un mes, Mariela Sánchez Baca ha pasado de vender productos financieros a empacar desayunos a domicilio. El 19 de marzo, dos días antes de su cumpleaños, esta licenciada en Comunicación de 30 años llegó a la oficina de grandes ventanales en el barrio de Santa Fe, en Ciudad de México. Arreglada y en tacones, como siempre. Le pidieron que subiera a Recursos Humanos. El coronavirus ya llenaba noticieros e intuía lo que le iban a decir: cerraban y ella se iba a la calle. Sin firmar documento alguno, le pusieron un sobre en la mesa: el finiquito de una quincena, algo menos de 10.000 pesos, unos 400 dólares. “¿Y ahora qué hago?”, se preguntó.

El coronavirus ha expulsado a miles de personas de sus puestos de trabajo en México, donde las redes de protección son débiles y de alcance limitado. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346.800 empleos formales, más que los creados en todo 2019. Varias instituciones, entre ellas el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y el banco BBVA, proyectan que entre un millón y un millón y medio de personas se quede sin trabajo este año y que la tasa de desempleo suba hasta el 6%. Más pesimista, el subgobernador del Banco de México, el economista Jonathan Heath, prevé un incremento superior al de los peores meses de las dos crisis anteriores. “Estamos con el peligro de que pudiera superar el pico de 7,9% del 2009 o incluso sobrepasar el pico de 10,7% que tuvimos en la crisis de 1995”, dijo esta semana.

Parece poco, pero es un incremento sustancial para la economía mexicana, con tasas de desempleo históricamente bajas. En mayo de 2009, en lo más duro de la Gran Recesión, el PIB mexicano cayó un 9% respecto al mismo periodo del año anterior, pero el paro solo creció dos puntos porcentuales, según un análisis del BBVA. En contraste, la economía de EE UU se contrajo un 2,5% y el desempleo rozó el 10%. Esto se explica, en parte, por el trasvase de trabajadores al sector informal. Emplea a más de la mitad de los trabajadores mexicanos y es el colchón de siempre en tiempos de crisis.

Allí cayó Sánchez Baca. Cuando la despidieron, apenas llevaba un mes en la empresa y todavía no había formalizado el contrato. No pudo optar a los tres meses de indemnización por despido injustificado que marca la ley. “No tenía nada. Estaba desesperada porque necesitaba pagar la renta”, explica. Invirtió el finiquito que recibió en una licuadora y nuevas sartenes donde tostar sandwiches de jamón y queso. Son el plato estrella de Melocotón Catering, un servicio de desayunos a domicilio. Su cocina de ocho metros cuadrados y paredes de baldosas con motivos florales es ahora la oficina. Los fogones de gas tienen un par de décadas y el frigorífico, de tamaño mediano, está a rebosar de la compra semanal. Cuando Sánchez Baca lo abre, huele a verdura y fruta fresca, su baza para pagar las facturas a partir de ahora.

Pese al comodín de la informalidad, la economista Nora Lustig, catedrática de la Universidad de Tulane, cree que esta crisis va a ser peor que las anteriores. “A diferencia de otros países, en México nunca crece mucho el desempleo porque la gente sigue trabajando de lo que sea. Ahora será diferente por las medidas de contención. Vas a tener un sector de la población cuyo ingreso se va a caer a cero o cercano a cero porque no puede trabajar”. El golpe se extiende a la clase media, dado el peso de los salarios en las cuentas familiares. Según el CEEY, este representa hasta el 81% de los ingresos para la población por encima de la línea del bienestar.

Echar mano de los ahorros es una opción solo para una minoría. La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar) indica que hasta marzo se habían retirado 1.024 millones de pesos por concepto de desempleo, unos 42 millones de dólares. Se trata del monto más elevado desde 1997, con un aumento de casi el 12% respecto al mismo periodo de 2019. Pero contar con esa bolsa es un lujo, afirma el economista Rodolfo de la Torre, del CEEY. “El ahorro es relativamente bajo y además está muy desigualmente distribuido. Lo realiza el 25% de población con mayores ingresos, otro 25% no ahorra pero puede tener acceso a crédito, y casi la mitad ni ahorra ni tiene acceso a crédito para enfrentar la crisis”.

México carece de otro importante asidero: el seguro de desempleo. El país es una excepción entre las grandes economías latinoamericanas. Brasil, el motor del subcontinente, cuenta con uno desde 1985 y Argentina, con un PIB casi tres veces menor que el mexicano, desde 1991. Según De la Torre, se trata de “una decisión política”. “En el sistema actual los que ya tienen empleo en el formal pueden recurrir a las liquidaciones que son bastante sustanciosas. Si hay un seguro de desempleo y este es generalizado, probablemente sería a costa de ese beneficio y los grandes sindicatos se pueden oponer”, explica. Nora Lustig atribuye el rezago al peso de la economía informal y a la necesidad de encontrar instrumentos adicionales. “En un país con tanta informalidad, no está claro cómo se pondría en marcha. Por eso, existen las transferencias monetarias para los trabajadores que no tienen acceso a los beneficios”, afirma.

Ana Laura López forma parte del hueco que no entra en el sistema y cuya situación la crisis ha agravado. Se quedó sin empleo a principios de abril y no tiene seguridad social. “Me despidieron porque ya no necesitaban meseros, sino quien les entregara la comida a domicilio”, cuenta esta mujer de 48 años. Con ayuda de su hijo, empezó el trámite para acceder a las ayudas que ofrece la Ciudad de México porque ya se agotaron los pocos ahorros que tenía. “Cualquier ayuda es buena, pero yo lo que necesito es trabajar”, comenta. Hoy fabrica cubrebocas caseros que vende entre sus familiares y vecinos. Tan solo en la capital, por lo menos 40.000 negocios han bajado la persiana, de acuerdo con la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. “Son un millón de empleos los que están en riesgo si es que la contingencia se extiende más allá de mayo”, alerta su presidente, Eduardo Contreras.

Ciudad de México, una isla en materia laboral

A diferencia del resto del país, la capital sí tiene un seguro de desempleo desde hace varios años. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha tensado al máximo sus costuras. Las autoridades han recibido más de 70.000 solicitudes en tan solo un mes, frente a un promedio de 2.500 mensuales. El sistema estaba pensado para atender 48.000 en todo el año, informa a este periódico la Secretaría de Trabajo de Ciudad de México. Ante la avalancha, la capital ha anunciado un aumento de 100 millones de pesos a los 500 millones originales (4,2 millones de dólares a los 21 ya previstos) y recortado la duración del apoyo de seis a dos meses para poder llegar a más gente.

La secretaria de Trabajo, Soledad Aragón, reconoce las estrecheces: “Estamos estirando el presupuesto por donde se puede. Esperamos una tasa de desempleo como nunca se ha visto”. En paralelo al seguro, están intentando llegar al trabajador informal con un subsidio de 1.500 pesos durante dos meses, unos 62 dólares. Ayuda, pero difícilmente cuenta como sustituto de salario, al estar incluso por debajo de la línea de pobreza extrema urbana (1.600 pesos equivalentes a una canasta alimentaria básica).

A la escasez e insuficiencia de las prestaciones, se suman las prácticas abusivas de muchas empresas durante la pandemia. La secretaria de Trabajo apuesta por aumentar las inspecciones laborales y por conciliar entre los trabajadores y las empresas antes que llegar a juicio. “Para que se resuelva de manera inmediata, porque un juicio laboral puede durar varios años”, dice Aragón. Desde el inicio de la contingencia, se han lanzado 50 inspecciones y 54 diligencias tras haber recibido denuncias de parte de trabajadores, pero están en proceso y ninguna ha desembocado en sanción todavía.

Pese a las lagunas, la capital es la que más se acerca a las medidas de gasto público reclamadas por una mayoría de economistas y ONG, que ven una respuesta insuficiente de parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los programas federales se dirigen a sectores muy específicos de la población -como las personas mayores de 65 años- y dejan fuera a la gran mayoría de los adultos de las zonas urbanas, los principales afectados por el desempleo y el trabajo precario. Apenas 22 millones de los más de 52 millones de pobres están cubiertos por los programas sociales, según un análisis de Oxfam. La ONG apuesta por una combinación de ayudas: un subsidio de tres meses a empresas para que mantengan la nómina de los trabajadores formales y una renta básica para los informales. “La política social tenía límites antes de la crisis y son aún más evidente ahora”, alerta su director Ricardo Fuentes.

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