Las voces de la herida económica de la pandemia

Jesús Carmona, 59 años, describe la situación como “un tsunami que de repente se viene encima y no hay manera de estar preparado". En sus casi 20 años al frente de un hotel en Nayarit, en la costa del Pacífico mexicano, nunca había asistido a una cosa igual: cierre de todas las playas y todos los hoteles. Antes incluso de la declaración de la emergencia sanitaria, el 31 de marzo, con la que el Gobierno ordenaba la suspensión de las actividades económicas no esenciales, Carmona ya había echado el cierre a su negocio, un hotel en un antiguo pueblito de pescadores con 38 habitaciones y 160 trabajadores. “Nos adelantamos porque vivimos fundamentalmente de clientes de Estados Unidos y Canadá y llevábamos una avalancha de cancelaciones".

De 160 ha pasado a 25 trabajadores. Y los pagos con los proveedores cada vez se complican más. “Es como un efecto dominó", explica el empresario, que prefiere hablar de una “suspensión temporal" del contrato de sus trabajadores, a los que asegura que ha dado un “pequeña liquidación" y les reparte “despensas" periódicamente. “Toda la economía de esta zona depende del turismo: el comercio, los transportes… Y todo está parado", cuenta el empresario, que también es director de una asociación hotelera.

Sobre las medidas del Gobierno mexicano, es muy tajante: “No tenemos presidente". Es muy escéptico con el paquete de créditos blandos para pequeñas y medianas empresas. “Esperemos que sí llegue esa ayuda y que no sea bloqueada por la burocracia. Hay veces que en México hasta te piden una muestra de sangre cuando vas a hacer un trámite". Él, en todo caso, no va a pedirlas. Dice tener un colchón para aguantar un tiempo. Pero habría preferido que los programas de ayuda hubieran sido más flexibles, como por ejemplo las prórrogas en el pago de facturas de luz establecidas en otros países. “La economía mexicana se está yendo por el escusado".

La rivera de Nayarit y su extensión por el norte del Estado de Jalisco se ha consolidado en los últimos años como el segundo destino turístico más visitado del país detrás de Cancún. La zona ha vivido un vertiginoso desarrollo inmobiliario durante las últimas tres décadas. “Sólo en mi zona, cuando yo llegué de Acapulco en 1996, apenas había dos hoteles, ahora somos 57", recuerda Carmona, que no prevé que la recuperación llegue hasta 2021.

María Victoria Añes lleva barbijo, delantal azul y guantes de látex. Cada día viaja hora y media desde su casa en Avellaneda, en el extrarradio de Buenos Aires, y cruza toda la ciudad de sur a norte hasta el comercio de venta de quesos y fiambres donde trabaja. La travesía, de hora y media, se ha complicado con la cuarentena obligatoria que rige en Argentina desde el 20 de marzo. “Demoro más en llegar, porque cada día la policía me pide el permiso de circulación cuando ingreso a la ciudad y luego vuelven a pararme en el metro. Aquí el transporte es bueno, pero ahora trasladarse se ha vuelto más difícil", cuenta. Como compensación, celebra que vuelve más temprano a casa, porque el negocio tiene ahora horario corrido y por la noche adelantó el cierre. Se la ve contenta, pero cansada.

Añes tiene sólo 19 años y nació en Barquisimeto, Venezuela. En 2018 emigró junto con su novio hacia Buenos Aires “con planes de estudiar Medicina", pero la crisis económica y las necesidades del arraigo han pospuesto sus planes. Su novio consiguió trabajo de mantenimiento en un hotel y ella en el comercio donde ahora pasa la mayor parte del día. “Mi novio cobra el salario, pero está sin trabajar porque el hotel no es servicio esencial", dice. Meses atrás, se sumó a la familia su madre, que “trabajó solo dos semanas en una tienda de ropa y ahora quedó sin empleo por la cuarentena", se lamenta.

La rutina diaria “no ha cambiado demasiado" para Añes, porque la venta de alimentos ha quedado fuera de las medidas de confinamiento. La mujer siente, sin embargo, una “tensión extraña" en la calle. “Hay como un estrés por todo lo que está pasando", dice. Para evitar contagios, trabaja con guantes y mascarilla y se lava constantemente las manos con alcohol, una rutina que sigue también su compañero y la dueña del comercio. Añes no logra, sin embargo, perder del todo el miedo del contacto permanente con los clientes. “Están los que piensan en el bienestar de todos y los que solo piensan en ellos. No respetan la distancia y tocan las mercadería", se queja. “Los primeros días nos decían ‘ustedes no pueden cerrar, ustedes se tienen que quedar acá’, sin tener en cuenta que también somos humanos y necesitamos cuidarnos". Cuando regresa a casa, repite el mismo ritual. “Me quito la ropa y me baño con agua bien caliente", dice. Su mayor preocupación es llevar el virus a su familia.

Añes está de acuerdo con la cuarentena obligatoria. “Esto lo resolvemos entre todos o no hay solución", dice, aunque no tiene una buena opinión del futuro. “Será muy complicada la situación económica para muchas familias". Y piensa en su madre, recién emigrada y sin empleo.

Los ejecutivos de las empresas brasileñas planifican estrategias para sobrevivir al desierto de ventas impuesto por la cuarentena que cerró comercios en todo el país. Paulo Sales, 65 años, copresidente del consejo de administración del Grupo Moura, que fabrica baterías para autos, estima que sus ventas van a caer un 50% entre marzo y abril, pero no tiene planes de recortar su plantilla de 6.000 empleados.

Un 80% del equipo del Grupo Moura se ha trasladado a sus casas para realizar el teletrabajo que garantice las ventas que restan, y muchos tuvieron sus vacaciones adelantadas. El otro 20% está en la oficina central en Recife, capital del Estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, o en las fábricas que mantiene en la ciudad de Belo Jardim, donde se producen las baterías, pero ahora a un ritmo más lento. Han bajado los pedidos de la industria automovilística global, pero siguen al menos los pedidos para reposición de piezas en Brasil y en los países de América Latina en que opera el Grupo Moura. La empresa anticipó algunos planes, como el de ampliar crédito de venta a los talleres y comercios que le compran las baterías para fortalecer la relación con sus clientes en tiempos de guerra al virus.

Cuando supo que la pandemia llegaba, los socios recurrieron a algunos créditos en el mercado privado para dejar ‘la casa en orden’ y estudiar con calma los próximos pasos. La empresa tiene una fábrica en Argentina que paró totalmente en la crisis. “Hemos adaptado nuestros negocios para este nuevo momento que empezó y que no sabemos cómo va a terminar”, cuenta Sales, que puede recurrir a las ayudas del Gobierno en algún momento. “El Gobierno hizo lo que pudo en un momento tan complicado como este. Es muy difícil juzgar lo que es cierto o no”, evalúa. Para ayudar en un momento tan grave, la empresa desarrolló moldes para mascarillas simples en cooperación con pequeñas empresas y escudos de protección para profesionales de la salud, que están siendo entregados como donaciones a hospitales. De cara al futuro, cree que muchas cosas pueden cambiar, pero nunca hasta el punto de afectar al núcleo de sus negocios: “La gente no va a dejar de andar en auto”.

Colombia es un país eminentemente rural. Miles de familias campesinas viven de la venta de lo que cultivan, “de un trabajo muy arduo a pleno sol y frío, que no siempre se valora”, como dice Brian Jiménez, un productor de Boyacá, en el centro de Colombia. Jiménez creó junto a su familia Comproagro, una plataforma web que elimina la cadena de intermediarios en el proceso de compra y venta de los productos agrícolas.

La cuarentena favoreció a estos trabajadores en sus inicios, pero la extensión ya afecta a sus perspectivas de futuro. “Hace como una semana se empezó a poner complicado, ya no rota la mercancía. Los pedidos bajaron un montón. Estábamos trabajando cinco o seis días semanales, ahora solo dos días”, cuenta este joven de 20 años que normalmente surte de cebolla cabezona y larga a supermercados de Bogotá y la costa atlántica. A esto se suma el temor a un contagio después de que se confirmaran siete casos de la covid-19 en Corabastos, la central de abastecimiento de alimentos de Bogotá.

“La verdad pensé que todo esto no nos iba a afectar tanto, pero claro, la gente no tiene plata para comprar ciertos productos. En nuestro pueblo se están perdiendo las fresas, los duraznos y las peras porque no hay quién las compre”, cuenta Jiménez. En su pueblo, llamado Toca, hay otra preocupación adicional: las empresas de flores dan unos 2.500 empleos, pero al no poder exportar, “podrían cerrar y si eso pasa se sentirá en todo el pueblo”.

Gastón Portalez tiene 38 años y es diseñador industrial. Hace cuatro años, creó Pirka Stone y se convirtió en empresario. Le ha ido bien. Su empresa de placas y revestimientos de piedra artificial antihumedad tiene hoy 69 locales repartidos en Argentina y seis países de América Latina. En la fábrica que montó en las afueras de Buenos Aires trabajan 50 operarios, pero la cifra de personas que viven de la compañía cuando se suma toda la cadena de valor supera las 1.200. La pandemia lo ha golpeado con especial dureza. “Dejamos de vender, porque nuestro sistema de venta es llave en mano: tenemos que ir al domicilio, hacer un diagnóstico, cotizar e instalar el producto con albañiles. Cuando se declaró el aislamiento todos nos paramos”, dice.

La cuarentena lo encontró en plena expansión e hiperactivo. Hoy se queda en su casa, pero dice trabaja más que antes por el esfuerzo de mantener a flote la empresa y a sus clientes mayoristas, emprendedores que compraron la franquicia de Pirka Stone. “Tenemos un comité de crisis. Enviamos comunicados a la red de comercios con consejos para evitar conflictos, renegociar los alquileres o ayuda en la gestión de cheques rechazados”, dice.

Portalez está de acuerdo con la cuarentena obligatoria que rige desde el 20 de marzo, pero advierte que el país está “en una encerrona complicada”. “Argentina venía de cuatro años de crisis y la pandemia agarra a la industria muy golpeada y a un Gobierno sin capacidad de ayuda porque no tiene crédito. Se te muere la gente por la pandemia y tenés una crisis económica gravísima”, dice.

La cuarentena le quita el sueño, y sin sueño su cabeza no para. Por eso ya se asoció a una metalúrgica “que tiene robótica” para “desarrollar un sistema de cabinas de desinfección” de personas que podrá adaptarse a cualquier tipo de comercio. El empresario ve después de la pandemia una oportunidad para este tipo de estructuras y no quiere perder la carrera. “Tenemos además un contacto con un laboratorio extranjero para traer un producto sanitizante que no daña al ser humano. Hoy se usan productos como hipoclorito de sodio, que son muy peligrosos”, dice. “No sabemos si el negocio de las cabinas va a andar, pero no podemos quedarnos quietos”. La estrategia de Portalez contra la parálisis de su empresa ha sido reinventarse, cuanto antes.

Karen Hernández (nombre ficticio) trabaja en Aptiv, una fábrica de componentes para la industria del automóvil en Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua), la ciudad fronteriza mexicana que acumula la mayor cantidad de maquilas -cerca del 300- del país. Un negocio nacido al calor del Tratado de Libro Comercio con EE UU. Las maquilas producen manufacturas con mano de obra barata que tienen como destino el otro lado de la frontera. Hernández cobra 1400 pesos semanales (unos 55 dólares) por jornadas de ocho horas, seis días a la semana, ensamblando pequeños motores eléctricos en una cadena de montaje.

El 24 de marzo, una semana antes de la orden del Gobierno de suspender todas la actividades de las empresas salvo las esenciales, en su fábrica les anunciaron que durante una semana iban a cerrar y recortar el salario un 40%. Las armadoras en EE UU llevaban ya semanas cerradas y no tenían cómo dar salida a la producción. Tras el primer parón llegó otro y los trabajadores de la fábrica nueve de Aptiv, unos 1.500, tienen miedo de no volver a recuperar sus trabajos. “Nos dijeron que ya nos llamarían pero ya no sabemos bien. Además no hay gerente, nadie nos informa de qué va a pasar. En la maquila se puede vivir dignamente, pero al día, si nos dejan de pagar tendremos que ir a pedir por las esquinas”.

Con el recorte, Hernandez está cobrando ahora 800 pesos semanales (unos 30 dólares). Tiene 28 años, vive sola en un departamento por el que paga una renta de 1000 pesos mensuales. “Yo apenas la armo, pero hay compañeros que están mucho peor, porque les están descontando también créditos de Infonavit o préstamos de ahorro. Les están depositando apenas 400 pesos”. Cuenta que una compañera se ha buscado otro trabajo de cajera en un supermercado.

El padre de Hernández también trabaja en la maquila y su madre es migrante en EE UU. Ella misma también probó suerte al otro lado de la frontera pero la deportaron. “El año que viene ya cumplo el castigo y puedo volver a pedir la visa”. Está decepcionada por López Obrador. Era la primera vez que votaba y confió en Morena. “Este Gobierno no lo está haciendo bien. Las maquilas se van a la bancarrota y los pobres también”. Las únicas medidas específicas del Gobierno han sido lanzar 25.000 pesos (1.000 dólares) en créditos blandos para las empresas bajo la condición que no despidan a sus trabajadores. Las maquilas han estado en el punto de mira desde la orden oficial de suspensión para las empresas. Muchas no pararon hasta que salieron a la luz los primeros fallecimientos de trabajadores por la covid. En las fábricas de Lear Corporation, otra maquila vecina dedicada también a las autopartes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 13 muertes esta semana.

Arturo Calle, la marca de ropa masculina más importante de Colombia, y que lleva el nombre de su fundador, fue la primera en dar tranquilidad a sus empleados recién se conoció la cuarentena obligatoria en el país. Rápidamente, Arturo Calle, padre, 82 años, y su hijo Carlos Arturo Calle, 59, salieron a anunciar que se comprometían a seguir pagando la nómina aunque los locales y fábricas permanecieran cerrados. “Esta es una situación que llegó sin aviso previo, que nos puso como empresarios en un momento que nunca habíamos vivido, y me atrevería a decir que tampoco habíamos contemplado. Ha sido un reto esta adaptación sin perder de foco que debemos preservar la sostenibilidad de la compañía”, dice Carlos Arturo Calle, gerente general del Grupo Empresarial, a través de un cuestionario.

La decisión, que fue muy celebrada en Colombia, guarda relación con la historia de esta compañía, que empezó como una empresa familiar en un pequeño local de ropa en Bogotá. “Por eso desde el primer momento en que nos enfrentamos a esta coyuntura, entendimos que primero está el ser humano antes que el dinero. No obstante, tenemos que ser cautelosos y responsables, tenemos que saber responder hoy y mañana cuando podamos volver a operar, así que día a día nos vamos adaptando y evaluando alternativas que nos permitan actuar conforme lo hemos anunciado”, agrega.

La extensión de la cuarentena hasta el 11 de mayo en el país andino ha supuesto dificultades para muchos sectores empresariales, como el de la confección. “Estamos muy limitados para poder operar, si bien los procesos de manufactura podrán iniciar a partir del 27 de abril, lo más importante para nosotros es poder volver a acercarnos a nuestros clientes a través de las tiendas. Entendemos que ante todo y primero está la salud, así que seguiremos actuando conforme lo dicten las autoridades”. Sin embargo, ya se están reinventando y lanzaron una colección llamada Real Basics, de ropa para estar en casa y “con estas ventas seguir teniendo caja para el pago de nuestra nómina”. Pero además, están desarrollando una línea de ropa de protección para profesionales de la salud y “elementos de protección para los ciudadanos de a pie. Todos estos esfuerzos los realizamos para cumplir con nuestra promesa inicial a nuestros 6.000 trabajadores”.

Carla da Silva, técnica de enfermería, que vive en el Estado de Rio de Janeiro, es uno de los millones de brasileños que aguardan su turno para recibir la renta básica que ha puesto en marcha el Gobierno. En plena pandemia, enormes colas se forman en las agencias del banco público brasileño la Caixa en todo el país para recibir durante tres meses los 600 reales, unos 108 dólares, destinados a los 38,4 millones de trabajadores informales, los autónomos, las madres cabeza de familia y los más pobres entre los más pobres, acogidos al programa Bolsa Familia. El Gobierno ha desarrollado una aplicación de celular para facilitar las solicitudes y entregas del dinero, pero el programa, que empezó el 17 de abril, ha encontrado a un país desesperado y muchos candidatos a la ayuda no están familiarizados con soluciones digitales. Caixa informó que 33 millones de personas ya fueron contempladas, pero las noticias de gente que sigue a la espera de su cobro se multiplica.

Da Silva, de 21 años, se inscribió por Internet al igual que su madre, quien trabajaba como empleada doméstica y es quien responde por las cuentas del hogar. “Me formé a finales de 2018 y estoy en busca de empleo, pero no logro por falta de experiencia”, lamenta Carla, que habla con este diario sin que su mamá lo sepa. “No quiere exponerse porque no le gusta la idea de que la vean pidiendo ayuda”, explica. Su madre trabajaba como informal antes de la pandemia y tuvo que dejar el empleo por los riesgos del coronavirus. De una hora para otra, se vió sin nada.

Las dos viven solas y no pagan alquiler porque viven en una casa propia, herencia de la abuela de Carla. No salen a la calle para no correr el riesgo de contagiarse, y porque tampoco hay ofertas de trabajo. Se inscribieron en la aplicación de la Caixa, pero aún esperan su turno. “Su solicitación sigue en análisis”, le informa el programa cada vez que mira su celular para ver si ha caído el dinero. “Pagamos el supermercado con la tarjeta de crédito, por eso estamos ansiosas”, explica Carla, que se distrae de la pandemia con sus libros y conversaciones con amigos por las redes sociales. Mantiene el buen humor y la esperanza de días mejores por la fe. “Tenemos que creer. Si uno pierde la fe, lo pierde todo”, dice. “Aún más con un mundo en pandemia”, concluye.