Cabify vuelve a Barcelona pero burla la norma catalana
La compañía asegura que ha "adaptado" su servicio al nuevo decreto del Govern que limita su actividad
Cabify, la plataforma online de transporte de viajeros, volverá a operar en Barcelona a partir de este jueves. La compañía asegura que ha “adaptado” su servicio al nuevo decreto de la Generalitat, que limita su actividad al obligar a precontratar los coches con 15 minutos de antelación. Sin embargo, Cabify solo aplicará esta restricción en la primera reserva que haga el cliente. La compañía asegura que a partir de la segunda contratación podrá “disfrutar del servicio con la inmediatez de siempre” mediante un contrato de un año que no supon...
Cabify, la plataforma online de transporte de viajeros, volverá a operar en Barcelona a partir de este jueves. La compañía asegura que ha “adaptado” su servicio al nuevo decreto de la Generalitat, que limita su actividad al obligar a precontratar los coches con 15 minutos de antelación. Sin embargo, Cabify solo aplicará esta restricción en la primera reserva que haga el cliente. La compañía asegura que a partir de la segunda contratación podrá “disfrutar del servicio con la inmediatez de siempre” mediante un contrato de un año que no supone coste alguno.
A raíz de la aprobación, en enero, del decreto de la Generalitat, las plataformas Uber y Cabify decidieron dejar de operar en la capital catalana al considerar que la norma impedía su actividad. Cabify ha anunciado este miércoles su cambio de opinión y ha adaptado su servicio para estar operativo a partir de este jueves. Con una flota de 300 coches, dejará de ser una mera plataforma intermediaria entre los usuarios y la empresa que tiene los coches, y pasará a ser una empresa de transporte mediante la compañía Prestige & Limousine. Pero, para volver, Cabify ha ideado una fórmula que le permite burlar las restricciones del decreto de la Generalitat.
Este decreto exige que los servicios de transporte concertado de viajeros (VTC) se precontraten al menos con 15 minutos de antelación para diferenciar esta actividad de la del taxi. Sin embargo, Cabify evitará esta restricción, a partir de la segunda reserva de cada cliente, mediante un nuevo contrato que la aplicación invita a aceptar a sus usuarios. Las nuevas condiciones incluyen un contrato de “una duración de un año, prorrogable tácitamente por períodos anuales”, y que no tiene coste adicional: se seguirá pagando por viaje, y no con una tarifa plana.
Al Govern, la decisión de Cabify le ha cogido con el paso cambiado. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que promovió el decreto y consiguió su convalidación hace tan solo una semana, ha preferido esperar a que Cabify vuelva a operar efectivamente para hacer valoraciones. Jordi Puigneró, titular de Políticas Digitales y Administración Pública, ha celebrado el retorno de esta empresa a Barcelona pero ha evitado pronunciarse sobre el hecho de que Cabify solo vaya a respetar el tiempo de espera de 15 minutos en la primera reserva.
Cabify defiende su vuelta para dar respuesta a “cerca del millón de personas que están registradas en Cataluña”. “La empresa sale al rescate del sector y de los miles de puestos de trabajo generados en Cataluña, con la adopción de un nuevo (y gravoso) modelo de negocio”, ha afirmado Cabify en un comunicado. La empresa asegura que, para volver a operar en Barcelona, ha asumido “una serie de costes” con los que no está de acuerdo en el plano jurídico.
De hecho, Cabify confía en que el decreto de la Generalitat sea anulado. En su comunicado, recuerda que la norma fue convalidada en el Parlament pese a que el Consell de Garanties, un órgano consultivo de la cámara catalana, alertó de que algunas de las restricciones podrían ser inconstitucionales, ya que atentarían contra el derecho de empresa. Cabify también destaca los avisos que Competencia ha hecho en este sentido, y asegura que, si el decreto sigue vigente, “la empresa volvería a verse forzada a plantearse su continuidad en Cataluña”.
Además de la precontratación —que según, el decreto, los Ayuntamientos y el Área Metropolitana de Barcelona pueden ampliar con reglamentos propios—, la norma prohíbe también la geolocalización y obliga a que los coches, una vez finalizado el servicio, vuelvan a la base o estén estacionados hasta que tengan un nuevo servicio. Todas estas medidas recogen las exigencias de los taxistas, que bloquearon la Gran Via de Barcelona durante una semana a principios de este año.