El fiscal pide cinco años de prisión para Benjumea por las indemnizaciones de Abengoa
El ministerio público reclama cuatro años y tres meses de cárcel para el exconsejero delegado Sánchez Ortega por administración desleal
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este viernes una pena de cinco años de prisión y 90.000 euros de multa por administración desleal para el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea por la indemnización de 11,5 millones de euros que se atribuyó por su salida de la energética andaluza en septiembre de 2015. En esas fechas, la empresa se encontraba prácticamente en la quiebra, con una deuda de 9.000 millones de euros.
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La fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este viernes una pena de cinco años de prisión y 90.000 euros de multa por administración desleal para el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea por la indemnización de 11,5 millones de euros que se atribuyó por su salida de la energética andaluza en septiembre de 2015. En esas fechas, la empresa se encontraba prácticamente en la quiebra, con una deuda de 9.000 millones de euros.
El ministerio público solicita, además, una pena de cuatro años y tres meses de cárcel y 72.000 euros de multa por el mismo delito para el ex consejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega, a quien se otorgó un paracaídas dorado de salida de 4,48 millones de euros. La fiscalía reclama, además de las penas de cárcel y las multas, que ambos acusados devuelvan a Abengoa el importe íntegro de las indemnizaciones.
La fiscalía pide, asimismo, penas de tres años y medio de prisión y 36.000 euros de multa para tres miembros del comité de retribuciones de Abengoa que aprobaron las indemnizaciones millonarias. Se trata de los directivos Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles. Este último es consejero coordinador de la empresa en la actualidad.
Parte de la indemnización –siete millones de euros- cobrada por Benjumea, presidente del Abengoa desde 1988, correspondía a una cláusula de permanencia en la empresa hasta los 65 años. Según el fiscal José Perals, Benjumea se marchó voluntariamente de la empresa, pero “decidió aparentar su marcha de la sociedad como si fuera una condición impuesta por los bancos y de obligado cumplimiento”.
El ministerio público señala que el presidente de la energética “cobró unas indemnizaciones a las que no tenía derecho y que no se correspondían con la realidad de los acontecimientos”, ya que además, tras cesar como presidente, permaneció en el Consejo de Administración bajo la denominación de “asesor” del Consejo, cobrando idéntico sueldo al que venía cobrando como consejero.
El fiscal señala que no hay constancia de que “nadie dentro de Abengoa, y mucho menos dentro de su Consejo de Administración, le obligara o coaccionara, ni siquiera aconsejara” a Benjumea que presentara la dimisión. Según el escrito, las “sucesivas y precipitadas reuniones” del Consejo de Administración y de la Comisión de Retribuciones, así como la carta de renuncia del presidente de la empresa “únicamente alcanzan sentido desde el entendimiento de que a través de ellas se encubrió lo que realmente fue una salida voluntaria”.