El Defensor del Pueblo, en contra del peaje al autoconsumo eléctrico
Esta institución pide formalmente a la secretaría de Estado de Energía que no lo implante
Al Defensor del Pueblo no le gusta el peaje de respaldo, popularmente conocido como impuesto al sol —y ahora rebautizado como cargo por autoconsumo—, con el que el Ministerio de Industria quiere gravar la producción de energía renovable, básicamente paneles fotovoltaicos, para consumo propio. Esta institución ha pedido formalmente a la secretaría de Estado de Energía que no lo implante.
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Al Defensor del Pueblo no le gusta el peaje de respaldo, popularmente conocido como impuesto al sol —y ahora rebautizado como cargo por autoconsumo—, con el que el Ministerio de Industria quiere gravar la producción de energía renovable, básicamente paneles fotovoltaicos, para consumo propio. Esta institución ha pedido formalmente a la secretaría de Estado de Energía que no lo implante.
"Debe permitirse que cualquier consumidor pueda emplear paneles fotovoltaicos como medida de ahorro energético, sin tener que pagar un peaje por la energía autoproducida y autoconsumida en su propia instalación", asegura la carta remitida a Energía, una resolución formulada hace un año, pero que el Defensor del Pueblo mantiene abierta y en vigor a la espera de que se publique la nueva versión del real decreto de autoconsumo.
El Defensor considera que este impuesto solo tendría sentido en caso de que la instalación vertiera el excedente a la red. Cuando un consumidor produce energía con el único propósito de consumirla "no se le deben exigir unos requisitos que en la práctica lo equiparen a un productor", señala la recomendación.
El texto, que recuerda los informes sobre autoconsumo de la Comisión Nacional de la Energía y de Competencia en 2013, compara el empleo de energía solar para el autoconsumo con que un consumidor encienda la chimenea para producir calor —y no usa gas ni electricidad, sino recursos naturales—: "Quienes emplean una chimenea no pagan un impuesto por ello, ni se les exige darse de alta en ningún registro público", señala. El informe también se muestra en contra de obligar a registrar las instalaciones. Los propietarios se enfrentan a multas de hasta 60 millones de euros si no las inscriben.