Gas Natural inicia con Qatargas un arbitraje para abaratar el suministro

La firma catarí solicita una subida del precio tras fracasar las negociaciones

Gas Natural Fenosa se enfrenta a su suministrador Qatar Liquified Gas Company (Qatargas) por el precio de suministro del contrato a 20 años entre ambas compañías, según ha explicado la empresa española en la memoria de sus cuentas anuales, registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Fuentes cercanas a Gas Natural señalaron que no está en riesgo el suministro, que el arbitraje es un procedimiento normal para resolver las diferencias entre empresas y ...

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Gas Natural Fenosa se enfrenta a su suministrador Qatar Liquified Gas Company (Qatargas) por el precio de suministro del contrato a 20 años entre ambas compañías, según ha explicado la empresa española en la memoria de sus cuentas anuales, registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Fuentes cercanas a Gas Natural señalaron que no está en riesgo el suministro, que el arbitraje es un procedimiento normal para resolver las diferencias entre empresas y que el importe en disputa no tiene nada que ver con el del arbitraje frente a la argelina Sonatrach, pues ahora es muchísimo menor.

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“Tras un periodo de negociaciones, Gas Natural Fenosa inició el procedimiento arbitral para la determinación del precio del gas suministrado por la compañía Qatar Liquified Gas Company Limited bajo sus contratos a largo plazo, solicitando una rebaja del precio”, señala la compañía en su informe. “Posteriormente, el suministrador ha solicitado una reconvención, solicitando un incremento del precio. El arbitraje se encuentra en su fase inicial”, añade.

Gas Natural fue el primer cliente europeo de Qatargas. El contrato ahora en vigor se firmó por 20 años en 2004. Entonces se anunció que era de 2 Bcm (2.000 millones de metros cúbicos) de gas anuales, aunque fuentes cercanas a la compañía señalan que la cifra efectiva es algo menor.

La memoria también recoge que el importe de los litigios fiscales de la compañía es de 40 millones en Argentina, 134 millones en Brasil y 85 millones en España. Esta última cifra, que incluye intereses hasta el 31 de diciembre pasado, está íntegramente provisionada y tiene su origen en que la inspección considera improcedentes deducciones a la exportación aplicadas de 2003 a 2008.

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