Olor a podrido en la patronal
Se llama Arturo Fernández. Es pariente del reo Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE. Sus vidas son paralelas. Aprovecha, como aquel, sus cargos públicos —como presidente de la Cámara de Madrid y de la patronal madrileña CEIM y como vicepresidente de la CEOE— para hacer relaciones y forrarse.
Relaciones como la de colocar a la esposa del presidente autonómico, Lourdes Cavero, como su segunda en la CEIM. O como donar cerca de 60.000 euros para la fundación Fundescam que aupó las campañas electorales de Esperanza Aguirre —su compañera de pupitre en el colegio Británico—, en 2003 y ...
Se llama Arturo Fernández. Es pariente del reo Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE. Sus vidas son paralelas. Aprovecha, como aquel, sus cargos públicos —como presidente de la Cámara de Madrid y de la patronal madrileña CEIM y como vicepresidente de la CEOE— para hacer relaciones y forrarse.
Relaciones como la de colocar a la esposa del presidente autonómico, Lourdes Cavero, como su segunda en la CEIM. O como donar cerca de 60.000 euros para la fundación Fundescam que aupó las campañas electorales de Esperanza Aguirre —su compañera de pupitre en el colegio Británico—, en 2003 y 2004, según consta en el sumario Gürtel. Era una operación por 649.000 euros financiada por varios empresarios afines, que encabezó junto a Gerardo.
Este Arturo plagia a su pariente Gerardo en ensalzar lo privado y llevarse el dinero público
Este Arturo plagia a su pariente en ensalzar al empresario privado y sacarle el dinero al sector público. Gerardo arrambló con 955 millones de euros del Tesoro en 2001, para comprar aviones para su recién adquirida Aerolíneas Argentinas, y se los pulió en otros avatares; logró concesiones sin cuento del Gobierno de la buena Esperanza para su TRAPSA; se coló en la pública Caja Madrid para sacarle créditos personales.
Arturo no le va a la zaga haciendo negocios gracias al presupuesto. Como negociante de hostelería y de catering, es proveedor del Congreso de los Diputados, de la Asamblea de Madrid, del Palacio de Deportes, de Telemadrid, de varios hospitales de la Comunidad, de AENA, de La Moncloa, ¡hasta del Madrid-Arena!
Y sin empacho alguno por el conflicto de interés o la evidente incompatibilidad, tiene la concesión de catering de la feria madrileña Ifema —con la que tendría un impago de dos millones de euros—, cuando forma parte de su comité ejecutivo en su calidad de presidente de la Cámara y de la patronal local. A estos enjuagues los escandinavos les llaman corrupción; aquí, igual se trata de sinergias.
Los saldos deudores con cuentas públicas no se agotan ahí: 2,7 millones a Turespaña, sociedad estatal que depende del Ministerio de Industria; multas de la Seguridad Social por impago de cotizaciones sociales; 335.000 euros al Turismo andaluz por cobrar una ayuda para un hotel que nunca llegó a aplicar...
Gerardo, amén de los presuntos delitos de estafa, alzamiento de bienes y demás de mayor cuantía, tiene un problema con el fisco, por evasión de capitales, a una decena de países. Arturo está ahora siendo investigado por la Fiscalía de Madrid para dilucidar los presuntos pagos en dinero negro a sus empleados, denunciados por estos hace dos días, en una secuencia que comenzó ya en 2009, con sobres no declarados, ¡qué obsesión antigua!, en la cafetería del Congreso.
La primera reacción de la patronal CEOE al conocerse ese episodio fue deslindar ese problema presuntamente “particular” de Fernández de su cargo institucional, igualito que hizo con su pariente al destaparse sus manejos. El mismo error. Porque si hay problema de contabilidad B, el pago en negro supone un dumping social, al rebajar con falsedad las cotizaciones sociales; y un dumping fiscal, al reducir artificialmente la carga impositiva; y ambos provocan una distorsión de la competencia frente a los empresarios del mismo sector que pagan como Dios manda. Algo poco defendible para el vicepresidente de la organización de los empresarios.
Como Gerardo fue consejero de Caja Madrid cuando esta ya era una merienda de negros, Arturo lo fue de Bankia, y por ello anda imputado. Su logro más feliz era asistir a las reuniones mensuales del consejo y cobrar la dieta de 2.500/3.000 euros sin pegar golpe. En abierta irresponsabilidad, pues como declaró ante el juez, si la auditora “dice que están bien las cuentas, no voy a leerlas”, al tratarse de un tema engorroso que “queríamos quitarnos de encima de la forma más rápida posible”. Su reacción de ignorante ante la denuncia del ensobrado ha sido similar: “Si hay alguna irregularidad que yo no sepa”, que se investigue. Ante un peligro bípedo así, Juan Rosell lo tiene claro. O se lo saca de encima, también de la forma más rápida posible. O el olor a podrido en la CEOE le asfixiará.