Bruselas remite a España el examen de la fusión de las plataformas digitales
La Comisión Europea considera que los efectos de la operación entre Sogecable y Vía Digital se limitan a "mercados nacionales"
La Comisión Europea ha anunciado hoy su decisión de ceder al Gobierno español el examen del proyecto de fusión entre Sogecable, operador de Canal Satélite, y Vía Digital, al considerar, que los efectos de la operación se limitan a "mercados nacionales".
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario explica que la fusión "amenaza con falsear la Competencia en varios mercados nacionales", por lo que debe ser estudiada bajo la óptica de la legislación española.
El acuerdo de integración de ambas plataformas se firmó el pasado 8 de mayo y fue notificado en Bruselas el 3 de julio. El 12 ...
La Comisión Europea ha anunciado hoy su decisión de ceder al Gobierno español el examen del proyecto de fusión entre Sogecable, operador de Canal Satélite, y Vía Digital, al considerar, que los efectos de la operación se limitan a "mercados nacionales".
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario explica que la fusión "amenaza con falsear la Competencia en varios mercados nacionales", por lo que debe ser estudiada bajo la óptica de la legislación española.
El acuerdo de integración de ambas plataformas se firmó el pasado 8 de mayo y fue notificado en Bruselas el 3 de julio. El 12 del mismo mes, el Gobierno español solicitó la remisión del expediente aduciendo que las consecuencias de la operación están circunscritas al mercado nacional de la televisión de pago.
La fusión se materializará mediante una ampliación de capital en Sogecable del 23 %, que estará reservada a los accionistas de Vía Digital. Estos aportarán a sus propios títulos. De esta forma, Telefónica, propietaria de Vía Digital, igualará con PRISA y Groupe Canal + su participación en la empresa conjunta.
En cuanto a los posibles efectos de la transacción en otros mercados de telecomunicaciones, -como la prestación de servicios de internet, telefonía fija o infraestructura-, la investigación de Bruselas revela que la operación "amenaza con fortalecer la posición dominante de Telefónica" en algunos de esos mercados.
No obstante, al tratarse en todos los casos de posibles efectos de ámbito nacional, la Comisión Europea acepta que sea España la que investigue la fusión, para lo que cuenta con un plazo de cuatro meses desde la fecha de la remisión del expediente.