Una norma sin apoyo de los Mossos
El código ético elaborado por el comité, que presidía el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, nació con la intención de ser un manual de buenas prácticas que sometiese a una evaluación anual el comportamiento de la policía catalana, tanto Mossos d'Esquadra como policías locales. Era una medida pionera en España y contaba con el apoyo del entonces consejero de Interior Joan Saura (ICV), que lo propuso después de que trascendiesen varios episodios de abusos policiales. Pero tardó tres años en ver la luz y casi no llegó a aplicarse.
Mientras se tramitaba, topó con los alcaldes, que en 2009 s...
El código ético elaborado por el comité, que presidía el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, nació con la intención de ser un manual de buenas prácticas que sometiese a una evaluación anual el comportamiento de la policía catalana, tanto Mossos d'Esquadra como policías locales. Era una medida pionera en España y contaba con el apoyo del entonces consejero de Interior Joan Saura (ICV), que lo propuso después de que trascendiesen varios episodios de abusos policiales. Pero tardó tres años en ver la luz y casi no llegó a aplicarse.
Mientras se tramitaba, topó con los alcaldes, que en 2009 se negaron a que Interior vigilase las malas prácticas en que pudieran incurrir las policías locales. Lo leyeron como un "sometimiento a los Mossos", según afirmó entonces un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona. "Nuestro código ético funciona bien", advirtieron en Reus, lo mismo que en Tarragona y Lleida. Pero Interior no dio marcha atrás.
En abril de 2010 lo llevó al consejo de policía, pero una amplica mayoría votó en contra. El pronunciamiento, sin embargo, no era vinculante e Interior siguió adelante y aprobó la norma al final de su mandato. Los sindicatos policiales reclamaron la dimisión de Villarejo, que finalmente abandonó a finales de enero del año pasado, cuando el recién nombrado consejero de Interior, Felip Puig, derogó el código. Esgrimió que no tenía suficiente consenso y que coaccionaba a la policía, extremo que Villarejo negó: era un manual de buenas prácticas sin potestad para sancionar.