La CIG responsabiliza al Bloque en Ourense de un episodio de acoso laboral
El sindicato CIG cargó ayer duramente contra el ala nacionalista del gobierno municipal de Ourense, un bipartito de PSOE y BNG, al que llegó a amenazar con acciones públicas "durísimas", y apeló a la intermediación del alcalde, el socialista Francisco Rodríguez si la situación denunciada no se reconduce. La ruptura entre el sindicato y la teniente de alcalde, la nacionalista Isabel Pérez, se produce tras hacerse pública una denuncia de acoso laboral de una empleada del Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF), gestionado por el BNG a través de un consorcio que preside la propia tenient...
El sindicato CIG cargó ayer duramente contra el ala nacionalista del gobierno municipal de Ourense, un bipartito de PSOE y BNG, al que llegó a amenazar con acciones públicas "durísimas", y apeló a la intermediación del alcalde, el socialista Francisco Rodríguez si la situación denunciada no se reconduce. La ruptura entre el sindicato y la teniente de alcalde, la nacionalista Isabel Pérez, se produce tras hacerse pública una denuncia de acoso laboral de una empleada del Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF), gestionado por el BNG a través de un consorcio que preside la propia teniente de alcalde, también concejal de Cultura.
A.C. es una técnico documentalista que mantiene una tensa relación laboral desde hace al menos dos años con sus otros tres compañeros y con la presidencia del consorcio que gestiona el OUFF. Tras la salida, en noviembre de 2010, del anterior gerente, Enrique Nicanor, la situación se agravó ya que éste intermediaba entre ambos bandos. Y acabó por embravecerse cuando A.C., que estaba contratada por obra y servicio, obtuvo la consolidación de su puesto de trabajo por vía judicial. Legalmente no es empleada municipal por lo que la denuncia no afectaría a la administración local, ya que su contrato no lo firma el Ayuntamiento.
La CIG denunció el caso ante la Inspección de Trabajo el pasado 30 de septiembre. Tres meses después y tras visitas a las oficinas de técnicos del Ministerio de Empleo, un informe da la razón a la denunciante y al sindicato. En el documento se comunica que se levanta acta "por la comisión de una infracción muy grave" que está sancionada con una multa entre 6.000 y 25.000 euros. La inspección asegura que "la denunciante ha sido privada de la mayor parte de las tareas que integran su puesto de trabajo". La CIG habla de una conducta de "desprecios, insultos públicos y vejaciones" por la que la trabajadora estuvo de baja varios meses.
Otras fuentes ajenas al sindicato aseguran que la situación se ha prolongado en el tiempo, lo que ha encrespado aún más el conflicto. Estas fuentes afirman que la denunciante es una persona "de difícil acomodo laboral", ya que "no realiza su trabajo correctamente", por lo que se le instó en numerosas ocasiones a cambiar de actitud, tanto en privado como en público. También explican que, estando de baja iba a las oficinas del festival por las tardes, por lo que se optó por cambiar la cerradura.