Los indígenas reanudan la marcha contra Evo Morales
La Confederación Indígena del Oriente Boliviano ha reanudado la marcha de protesta que el domingo 25 de septiembre fue interrumpida violentamente por la policía. Ahora han partido desde Quiquibey, un poblado a orillas del río del mismo nombre que surca un territorio comunitario de origen de la etnia mosetén, a 300 kilómetros al noroeste de La Paz. Los indígenas pretenden frenar la construcción de una carretera que atraviesa el corazón de una reserva natural en la Amazonia. La marcha, que se reanudó el sábado, ha llegado ya al campamento de Marimonos, cerca de Palos Blancos. Antes de llegar a e...
La Confederación Indígena del Oriente Boliviano ha reanudado la marcha de protesta que el domingo 25 de septiembre fue interrumpida violentamente por la policía. Ahora han partido desde Quiquibey, un poblado a orillas del río del mismo nombre que surca un territorio comunitario de origen de la etnia mosetén, a 300 kilómetros al noroeste de La Paz. Los indígenas pretenden frenar la construcción de una carretera que atraviesa el corazón de una reserva natural en la Amazonia. La marcha, que se reanudó el sábado, ha llegado ya al campamento de Marimonos, cerca de Palos Blancos. Antes de llegar a esa población, algunos seguidores del partido Movimiento al Socialismo (MAS), del presidente Evo Morales, intentaron hostigarlos.
En medio del enrarecido clima social registrado en los últimos días, Morales -que inicialmente pidió perdón por el uso excesivo de la fuerza para disolver la marcha- decidió contraatacar y denunció que el objetivo de la reanudación de las marchas es boicotear unas elecciones judiciales: "¡Inventan problemas para perjudicar la elección!", advirtió el presidente, "pero nosotros también seguiremos marchando para garantizar nuestras elecciones".
A la situación de tensión se ha sumado la demanda presentada por varios parlamentarios opositores contra el presidente Morales, a quien acusan de "genocidio" por la violenta intervención policial de la marcha indígena. Según informó Efe, la denuncia fue admitida el viernes por la fiscalía general, con sede en la ciudad sureña de Sucre, capital histórica del país.