El Gobierno ve "equilibrada" la sentencia
El Gobierno andaluz prefirió ayer ver el vaso medio lleno y calificó la sentencia del Supremo de "aclaratoria y equilibrada", ya que pese a que le ordena entregar las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la última década a la juez, también le faculta para excluir de manera razonada las actas y documentos anexo...
El Gobierno andaluz prefirió ayer ver el vaso medio lleno y calificó la sentencia del Supremo de "aclaratoria y equilibrada", ya que pese a que le ordena entregar las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la última década a la juez, también le faculta para excluir de manera razonada las actas y documentos anexos que considera secretos.
"No estamos satisfechos del todo, pero sí parcialmente. Lo importante es el fuero. El Gobierno tiene la obligación de entregar las actas, pero también hay límites en esa entrega", matizó la consejera andaluza de la Presidencia, Mar Moreno. La portavoz del Gobierno hizo hincapié en que los sucesivos autos de la juez han ido concretando sus peticiones a medida que el Ejecutivo planteaba alegaciones, ya que en un principio la magistrada exigió todas las actas, que incluyen entre 5.000 y 6.000 acuerdos, y sus documentos anexos. Diez minutos antes de hacerse pública la sentencia, el Gobierno intuía que se estaba produciendo "un intenso debate" en el Supremo.
"El fallo tiene un contenido equilibrado que no solo no desautoriza al Gobierno de la Junta, sino que avala muchas de nuestras preocupaciones", subrayó Moreno. La portavoz del Gobierno destacó que la decisión "trasciende Andalucía" al sentar un precedente sobre el acceso judicial a las actas de los Consejos de Gobierno de cualquier otro Ejecutivo. Mientras, la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, consideró que la sentencia es "salomónica".
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, afirmó que la sentencia "pone fin al obstruccionismo" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "frente a la investigación de la juez". "Que no se amparen en secretos porque en el manejo de fondos públicos no puede haber ocultaciones".
Fuentes jurídicas del caso alabaron el rigor del fallo del Supremo: "La sentencia es incontestable y jurídicamente sin fisuras. La solución de tachar y apartar documentos o informes secretos fue la misma solución que la juez Alaya dio ya en su día a la Junta".