Editorial:

Pulso en Turquía

La cúpula militar turca ha perdido su pulso contra el Gobierno de Erdogan. Las dimisiones simultáneas del jefe del Estado Mayor, el general Isik Kosaner, y de los responsables de los tres ejércitos, pretendían convertir la reunión rutinaria del Consejo Militar Supremo celebrada ayer en escenario de un enfrentamiento entre el poder civil y las Fuerzas Armadas. Pero los oficiales calcularon mal sus posibilidades, y el Gobierno de Erdogan consiguió cubrir las vacantes haciendo avanzar, al mismo tiempo, la normalización del papel del Ejército dentro del sistema político turco. Erdogan tuvo que res...

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La cúpula militar turca ha perdido su pulso contra el Gobierno de Erdogan. Las dimisiones simultáneas del jefe del Estado Mayor, el general Isik Kosaner, y de los responsables de los tres ejércitos, pretendían convertir la reunión rutinaria del Consejo Militar Supremo celebrada ayer en escenario de un enfrentamiento entre el poder civil y las Fuerzas Armadas. Pero los oficiales calcularon mal sus posibilidades, y el Gobierno de Erdogan consiguió cubrir las vacantes haciendo avanzar, al mismo tiempo, la normalización del papel del Ejército dentro del sistema político turco. Erdogan tuvo que resolver la crisis mediante un acuerdo con la cúpula militar, algo que parece impensable en un sistema democrático. En el caso de Turquía, sin embargo, ese acuerdo representa un límite al poder militar.

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La tensión entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo turco tiene su origen en la trama para realizar un golpe de Estado en 2003 por el que fueron juzgados dos centenares de oficiales. Los generales del Estado Mayor que presentaron su renuncia pretendían impedir que Erdogan enviase a los golpistas a la reserva, exigiendo que continuasen en activo. La reunión del Consejo Militar Supremo se resolvió ayer en tablas, puesto que Erdogan no consiguió su objetivo, pero tampoco los militares que defendían el ascenso de los golpistas. Para unas Fuerzas Armadas convencidas de su legitimidad para intervenir en política se trata de una derrota. Para el Gobierno, en cambio, ha supuesto una tímida afirmación de la supremacía del poder civil.

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Erdogan confía en que el ascenso de una nueva generación de oficiales facilite la tarea de reformar la Constitución de 1982, que sigue otorgando al Ejército el papel de garante del laicismo del Estado y de la unidad de la nación. Haciendo una interpretación extensiva de esta disposición, las Fuerzas Armadas se han erigido en árbitro de la política turca, por encima de la voluntad de los ciudadanos y del poder civil. Pero su posición ha empezado a declinar.

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