Interinidad y consenso
El conocimiento de la fecha de celebración de elecciones legislativas —el próximo 20 de noviembre— cierra una fase de interinidad que no era objetivamente buena para los intereses generales del país. En especial para la gestión de la crisis económica y financiera más severa de las últimas décadas. Con independencia de la voluntad del Gobierno actual, su capacidad efectiva no solo para adoptar decisiones de política económica, sino para articular consensos, era ciertamente limitada. Y decreciente a medida que se aproximaba el horizonte, ahora por fin despejado.
En entornos ec...
El conocimiento de la fecha de celebración de elecciones legislativas —el próximo 20 de noviembre— cierra una fase de interinidad que no era objetivamente buena para los intereses generales del país. En especial para la gestión de la crisis económica y financiera más severa de las últimas décadas. Con independencia de la voluntad del Gobierno actual, su capacidad efectiva no solo para adoptar decisiones de política económica, sino para articular consensos, era ciertamente limitada. Y decreciente a medida que se aproximaba el horizonte, ahora por fin despejado.
En entornos económicos y financieros tan complejos como el que preside el comportamiento de las economías de la eurozona reducir incertidumbre es bueno. Y aun así, la relativa a la fecha de la convocatoria de elecciones generales no va a significar precisamente una alteración significativa de las sombrías expectativas que pesan sobre el comportamiento de la economía española a corto y medio plazo.
El movimiento de personas o de siglas podría oxigenar la vida política
En primer lugar, porque la naturaleza de las condiciones que limitan el crecimiento económico español y la consiguiente reducción de sus principales desequilibrios no son específicas de nuestro país. Claro que tenemos problemas propios graves (el alto desempleo y el también muy elevado endeudamiento privado son dos de los que en mayor media condicionan la recuperación del crecimiento económico), pero su solución exige una normalización de la estabilidad financiera en la eurozona que está lejos de conseguirse.
En segundo lugar, porque es verdad que el margen de maniobra que tendrá el nuevo Gobierno, con bastante independencia del partido político que lo conforme, será limitado. Deberá contar con las severas restricciones presupuestarias que se impusieron el pasado 9 de mayo. Es posible incluso que esa orientación contractiva de la única política de demanda disponible se vea acentuada si las tensiones en los mercados de deuda pública persisten. Y sin crecimiento económico, conviene recordarlo, no se pueden pagar las deudas ni, consiguientemente, sanear los balances bancarios.
Claro que el mero movimiento de personas o de siglas políticas en las tareas de gobierno podría oxigenar la vida política española, pero en ausencia de estabilidad financiera su efecto no sería duradero. Mucho menor que el que tendría la exhibición del suficiente consenso político acerca de la capacidad para concretar soluciones a medio plazo a los problemas que siguen castigando la prima de riesgo española. El saneamiento de las finanzas públicas y, en particular, la clarificación de su organización autonómica, es el más importante. La confianza cotizaría todavía más favorablemente si en ese acuerdo político se incluyera una reordenación del subsector de cajas de ahorros, hasta ahora no ajustada completamente a la racionalidad y a los intereses generales.