"Hemos perdido 30 millones"

Los comerciantes aumentan su presión sobre el Gobierno para que actúe en el campamento de la Puerta del Sol. La Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem) entregó ayer en el Ministerio del Interior una carta para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración, por "no haber cumplido con sus deberes" en relación con la acampada. Hilario Alfaro, presidente de Cocem, ha cifrado en 30 millones de euros las pérdidas de los 2.000 comercios de la zona, que incluye la plaza en sí pero también todas las calles colindantes.

Cocem ha computado estas pérdidas tras recab...

Los comerciantes aumentan su presión sobre el Gobierno para que actúe en el campamento de la Puerta del Sol. La Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem) entregó ayer en el Ministerio del Interior una carta para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración, por "no haber cumplido con sus deberes" en relación con la acampada. Hilario Alfaro, presidente de Cocem, ha cifrado en 30 millones de euros las pérdidas de los 2.000 comercios de la zona, que incluye la plaza en sí pero también todas las calles colindantes.

Cocem ha computado estas pérdidas tras recabar los cálculos de las empresas afectadas y ha comparado el promedio de la facturación de los últimos cinco años en el mismo periodo que ha durado la acampada. Aun así, cada comercio tendrá que valorar y acreditar las pérdidas que ha sufrido para reclamarlas de forma "individual" al Ministerio.

Según Armando Rodríguez, vicepresidente de Cocem, los tres requisitos que justifican la responsabilidad patrimonial están "más que acreditados". Primero, que al permitir una acampada "ilegal" en la vía pública ha habido una función anormal de un servicio público que depende del Ministerio del Interior. Segundo, que los establecimientos han sufrido quebranto económico. Y, finalmente, que la causalidad entre la acampada y los daños producidos está "clara". Aun así, se resigna a que la respuesta del Ministerio del Interior sea negativa. "Lo normal es que desestimen la petición o la traten con silencio administrativo", lamentó. En este caso, Rodríguez considera que cada comerciante tendrá que decidir si procede por la vía judicial o no.