El Congreso rechaza la urgencia de la ley de igualdad de trato
Las posibilidades de que se apruebe esta legislatura la ley de igualdad de trato, que prohíbe dar dinero público a colegios que solo admiten a chicos o a chicas, han disminuido considerablemente. La Mesa del Congreso rechazó ayer la petición del Gobierno de tramitar el proyecto por la vía de urgencia, con los votos del PP, CiU y PNV. La petición de urgencia "trataba de eludir" un debate con profundidad de esta normativa en el Parlamento, argumentó la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, sostuvo que no tienen "ningún sentido las prisas" ahora, cuando el Gobierno "ha tenido plaz...
Las posibilidades de que se apruebe esta legislatura la ley de igualdad de trato, que prohíbe dar dinero público a colegios que solo admiten a chicos o a chicas, han disminuido considerablemente. La Mesa del Congreso rechazó ayer la petición del Gobierno de tramitar el proyecto por la vía de urgencia, con los votos del PP, CiU y PNV. La petición de urgencia "trataba de eludir" un debate con profundidad de esta normativa en el Parlamento, argumentó la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, sostuvo que no tienen "ningún sentido las prisas" ahora, cuando el Gobierno "ha tenido plazo de sobra en toda la legislatura".
A pesar de que portavoces del Ministerio de Sanidad y Política Social se dijeron convencidos de que la ley se aprobará esta legislatura (para lo que tendría que estar antes de fin de año), lo cierto es que va a ser muy complicado que dé tiempo a hacerlo por la vía ordinaria si los grupos contrarios al proyecto agotan todos los plazos posibles.
El PP y CiU ya han mostrado su rechazo frontal al punto que prohíbe expresamente subvencionar con dinero público a los colegios que separan por sexo, con lo que estos no podrán convertirse en colegios concertados (financiados con fondos públicos por las comunidades autónomas), Hay 67 centros concertados en España que separan por sexo.
La ley de igualdad de trato, que penaliza todo tipo de discriminaciones, de raza, sexo, religiosa u otra circunstancia, crea un organismo independiente para investigar las vulneraciones de la norma, que se podrán multar con sanciones a 300 a 40.000 euros. Entre otras medidas, prohíbe que el sexo sea un factor para decidir las primas de los seguros.