La juez que investiga el caso de los ERE queda exenta de instruir nuevos asuntos
La Junta de Jueces de Sevilla aprobó ayer por unanimidad que la juez del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, sea eximida de nuevos asuntos durante los próximos seis meses. La magistrada podrá de este modo dedicarse a los asuntos de gran complejidad como el de los ERE, el caso Mercasevilla, o el que analiza la gestión de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Betis.
La juez solicitó no estar incluida en el turno de reparto de nuevos asuntos pero sin concretar el plazo. Los jueces aprobaron por unanimidad eximirle de estos asuntos y es...
La Junta de Jueces de Sevilla aprobó ayer por unanimidad que la juez del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, sea eximida de nuevos asuntos durante los próximos seis meses. La magistrada podrá de este modo dedicarse a los asuntos de gran complejidad como el de los ERE, el caso Mercasevilla, o el que analiza la gestión de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Betis.
La juez solicitó no estar incluida en el turno de reparto de nuevos asuntos pero sin concretar el plazo. Los jueces aprobaron por unanimidad eximirle de estos asuntos y establecieron una duración de seis meses. Alaya se ausentó de la junta en el momento de la votación, pero antes había pedido no ocuparse de nuevas cuestiones excepto las que le lleguen cuando esté de guardia, así como que un juez de apoyo le sustituya para los juicios de faltas. Esta última petición deberá ser atendida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), aclaró el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester.
Hace un año la magistrada ya estuvo exenta del reparto de asuntos durante tres meses debido a la "excesiva" carga de trabajo, causada, entre otros asuntos, por el caso Mercasevilla. Una vez finalizados los tres meses señalados, la juez no solicitó la prórroga de la medida durante el mismo periodo temporal.
Por otra parte, los trabajadores que sean prejubilados por un ERE deberán acreditar que llevan tres años en su empresa y 15 años cotizados, según establece el borrador de una orden para regular las ayudas a los ERE que ultima la Consejería de Empleo. Este borrador, remitido a los agentes sociales para que efectúen sus alegaciones, supone regular el procedimiento sobre las ayudas sociolaborales a empresas en crisis y establece requisitos formales y regula un procedimiento de concesión de las ayudas.
La orden solventará los impagos que sufren los trabajadores de empresas como Hitemasa, que no cobran sus ayudas desde el pasado enero. El documento regulará por fin el procedimiento después de estudiar a fondo una solución que solvente todos los problemas surgidos a raíz del escándalo de los intrusos. La orden diferencia entre las ayudas previas a la jubilación ordinaria y las ayudas extraordinarias a necesidades sociolaborales.