Junta y Gobierno atribuyen al PP la responsabilidad del ERE de Riotinto
Los socialistas creen que los populares son en este caso el "cazador cazado"
La Junta cree que el PP ha sido víctima de su avidez por extender la mancha del caso Mercasevilla a las más altas esferas del Gobierno autonómico y desorbitar las irregularidades detectadas en algunos expedientes de regulación de empleo (ERE). La consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, exigió ayer al presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, que explique las "implicaciones directas" de Juan Ignacio Zoido, candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, con uno de los expedientes cuestionados, el de Minas de Riotinto, que se firmó siendo él delegado del G...
La Junta cree que el PP ha sido víctima de su avidez por extender la mancha del caso Mercasevilla a las más altas esferas del Gobierno autonómico y desorbitar las irregularidades detectadas en algunos expedientes de regulación de empleo (ERE). La consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, exigió ayer al presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, que explique las "implicaciones directas" de Juan Ignacio Zoido, candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, con uno de los expedientes cuestionados, el de Minas de Riotinto, que se firmó siendo él delegado del Gobierno en Andalucía y Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo.
Moreno quiso devolver al PP la pelota de su "estrategia despreciable" de tratar de involucrar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, porque entonces era consejero de Economía. En definitiva, que los conservadores beban de su propia medicina.
"El PP es el cazador cazado", dijo la consejera, quien recordó que Arenas calificó de "espeluznante" el supuesto falseo y amaño de edades y coeficiente reductores en el expediente de Riotinto. "Ahora resulta que era responsabilidad absoluta del Gobierno del PP, con Zaplana de ministro", señaló. Por su parte, Zoido, según aseguró, fue el responsable político que mantuvo todas las reuniones con los sindicatos y validó, a instancias del ministerio, la lista de los prejubilados y trabajadores que aportaban los sindicatos.
"El PP está disparando a todo lo que se mueve, y en este caso se ha disparado a sí mismo", insistió la socialista. Añadió que está deseando oír las explicaciones del aspirante a alcalde de Sevilla, "el primero que se fue a Madrid a intentar implicar falsamente a Juan Espadas [candidato del PSOE], cuando es él quien más tiene que callar porque está directamente relacionado con la tramitación de las ayudas".
La consejera recordó que el Ministerio de Trabajo, que dirige Valeriano Gómez, va a revisar el ERE de Riotinto. También que este expediente forma parte de la segunda remesa de los que están siendo analizados y que, hasta el momento, solo se ha producido una denuncia sobre los coeficientes del estatuto del minero.
En el Senado, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, usó un argumento muy similar al de Moreno. A una pregunta del popular Rafael Salas, Chaves respondió: "Si Arenas va a pedir la comparecencia de altos cargos que hayan participado en la tramitación de los expedientes como Minas de Riotinto, que empiece por Zoido y Zaplana".
El también ex presidente de la Junta leyó una noticia en la que, refiriéndose al expediente de Riotinto, Zoido anunciaba la decisión de aprobar las listas de prejubilaciones propuestas por los sindicatos. "La elección de las personas prejubiladas era competencia del Ministerio de Trabajo, cuyo titular era Zaplana", destacó Chaves para recalcar que fue éste "el que aprobó los coeficientes reductores de la edad de jubilación y 34 millones de ayudas extraordinarias para financiar la prejubilación".
No obstante, fuentes del PP aseguraron que fue la Junta la que aprobó el expediente. El número dos del PP, Antonio Sanz, anunció medidas legales contra Chaves y Moreno, informa Europa Press.
Mar Moreno lamentó que la secretaria general del PP nacional, Dolores de Cospedal, haya criticado a Griñán por negarse a una investigación en el Parlamento. "Eso lo dice quien ha propuesto suprimir en Castilla-La Mancha el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas y los informativos públicos, que son tres herramientas de transparencia", dijo.