El copago a debate
La contención del gasto requiere cumplir el pacto sanitario y explorar nuevas recetas
El copago sanitario es una fórmula de contención del gasto que aplican varios países europeos. Una vez más, ha sido objeto de controversia en España a raíz de las declaraciones que Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, realizó a este periódico a principios de semana. En un contexto de grave déficit presupuestario de las comunidades autónomas, principales prestadoras de los servicios sanitarios, y de reformas económicas necesarias para contener el gasto público, Ocaña recomienda una gestión más racional de la sanidad y la posibilidad de reconsiderar el copago en el futuro. El presiden...
El copago sanitario es una fórmula de contención del gasto que aplican varios países europeos. Una vez más, ha sido objeto de controversia en España a raíz de las declaraciones que Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, realizó a este periódico a principios de semana. En un contexto de grave déficit presupuestario de las comunidades autónomas, principales prestadoras de los servicios sanitarios, y de reformas económicas necesarias para contener el gasto público, Ocaña recomienda una gestión más racional de la sanidad y la posibilidad de reconsiderar el copago en el futuro. El presidente del Gobierno ha zanjado el debate de momento, asegurando que no merece la pena establecerlo por el escaso ahorro que supondría y, sobre todo, por la inequidad que generaría.
Hace ya 20 años que el llamado informe Abril apuntó la posibilidad de introducir un canon que obligara a los usuarios a pagar una cantidad simbólica de carácter disuasorio por cada acto médico. También entonces se rechazó, pero lo cierto es que gran parte de las propuestas (como la de presentar facturas informativas a los usuarios) se han ido adoptado con el tiempo. Ciertamente, el copago representaría un riesgo si, tal como dicen algunos de quienes lo critican, rompiera el alto nivel de equidad del sistema español al penalizar a los ciudadanos de menores ingresos o con mayores problemas de salud. Sería aceptable, por tanto, si se pudiera aplicar sin excesivos costes administrativos adicionales y generara más equidad en vez de erosionarla. Aunque el sistema español es de una gran eficiencia y se distingue de otros por ser de cobertura universal, las listas de espera o la gratuidad de los fármacos a pensionistas y enfermos crónicos al margen de su renta ya penalizan, de hecho, a los usuarios de menor poder adquisitivo.
La resolución de tales deficiencias, una mejor gestión como la que señala Ocaña y la aplicación de las medidas de ahorro acordadas en marzo pasado en el pacto sanitario deberían ser la prioridad. Es desalentador que un año después se hayan aplicado tímidamente algunas medidas pero el grueso siga siendo una asignatura pendiente. Cabe exigir a los responsables políticos que se apliquen a ello, pero no rehúyan el debate sobre el eventual establecimiento de un sistema de copago, algo que habrá que hacer si sirve, precisamente, para salvaguardar en el futuro el sistema universal de salud.