La Audiencia da vía libre a la expulsión de 13 saharauis
Los abogados recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El pasado 5 de enero, 22 saharauis llegaron a Fuerteventura en patera, huyendo de la represión marroquí, y pidieron asilo político. El Gobierno se lo denegó a 17, y aunque 16 recurrieron la negativa a la Audiencia Nacional y solicitaron no ser expulsados hasta que los jueces decidieran, la policía se dispuso a devolverlos a El Aaiún. Iba a embarcarlos a primera hora del miércoles, pero antes preguntó a los jueces, dejando claro que, si no recibía respuesta, procedería a devolverlos a Marruecos. Los jueces respondieron con una orden: hasta que ellos no tomaran una decisión, los saharauis se que...
El pasado 5 de enero, 22 saharauis llegaron a Fuerteventura en patera, huyendo de la represión marroquí, y pidieron asilo político. El Gobierno se lo denegó a 17, y aunque 16 recurrieron la negativa a la Audiencia Nacional y solicitaron no ser expulsados hasta que los jueces decidieran, la policía se dispuso a devolverlos a El Aaiún. Iba a embarcarlos a primera hora del miércoles, pero antes preguntó a los jueces, dejando claro que, si no recibía respuesta, procedería a devolverlos a Marruecos. Los jueces respondieron con una orden: hasta que ellos no tomaran una decisión, los saharauis se quedaban en España. Ayer, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tomó su decisión: rechazó la petición de 13 de los 16 solicitantes de no ser expulsados mientras no se resuelva su recurso. El dictamen sobre los otros tres tendrá que esperar al lunes.
Los jueces aún deben dilucidar si el Gobierno hizo bien o no al rechazar su petición de asilo, pero entre tanto la policía puede devolverlos al Sáhara Occidental. Para evitarlo, los abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han recurrido al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. A última hora de ayer, el Ministerio del Interior no había dado orden de ejecutar las expulsiones.
La Audiencia entiende que no existen "indicios de que las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática y generalizada a los saharauis por causa de su origen étnico". Los solicitantes de asilo alegaron ser víctimas de la represión por participar en el campamento de Agdaym Izik, desmantelado en noviembre. Los jueces consideran sin embargo que este "no surgió como reivindicación política sino por las condiciones socioeconómicas", y así no se puede atribuir "implicación política" a los solicitantes por haber participado en él.