Oportunismos políticos

Hablemos de justicia. El pasado lunes se inició el juicio del caso Malaya. Es bien sabido que este proceso, en el que hay 95 acusados, es la mayor trama de corrupción municipal de la historia de España. Se ha dicho por diversos medios de comunicación, entre ellos este mismo diario, que el interés de la jornada que comienza "no estriba tanto en las explicaciones que dé el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca -el hombre por el que pasaban todas las decisiones municipales del Ayuntamiento de Marbella tras la muerte de Jesús Gil- sino en el hecho de que acepte los cargos con una rebaja d...

Hablemos de justicia. El pasado lunes se inició el juicio del caso Malaya. Es bien sabido que este proceso, en el que hay 95 acusados, es la mayor trama de corrupción municipal de la historia de España. Se ha dicho por diversos medios de comunicación, entre ellos este mismo diario, que el interés de la jornada que comienza "no estriba tanto en las explicaciones que dé el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca -el hombre por el que pasaban todas las decisiones municipales del Ayuntamiento de Marbella tras la muerte de Jesús Gil- sino en el hecho de que acepte los cargos con una rebaja de condena a cambio de colaborar con la justicia. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha confirmado una condena del Tribunal de Cuentas a tres ex gilistas por haber dejado un agujero de 281.156 euros en una sociedad municipal del Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Son noticias que llevan a preguntarse sobre las razones por las que pudieron ocurrir estos hechos. Y la respuesta, entiendo, no es otra sino la ausencia de un pacto entre los partidos políticos -cuya mayor responsabilidad recae en los grupos mayoritarios- que impida el uso partidista de la justicia y su degradación ante los ciudadanos, permitiendo unos y otros que se confundan los poderes del Estado.

A veces, se da la impresión por los representantes públicos de que la justicia -sus servidores- está subordinada al poder del Gobierno. Y seguimos estando en lo mismo. Sirvan, como un ejemplo más reciente, las manifestaciones de Esteban González Pons, portavoz del PP, con motivo de la reciente operación contra el dopaje en el deporte. Ha acusado a Interior de haber lanzado esta operación para evitar los efectos adversos que pudieran alcanzar al PSOE tras la comparecencia del presidente Zapatero sobre el conflicto de los controladores. Y, tras estas manifestaciones, algunas personas pudieran pensar que es así, que el Gobierno puede manejar a su antojo a jueces para sus particulares intereses o incluso que el dopaje en el deporte es un invento. Pero esto es desconocer el mecanismo de funcionamiento de la justicia y de sus instrumentos. También es ignorar la subordinación legal de las fuerzas del orden a los jueces, pero se obvia esta realidad y el daño se hace. Un daño que alcanza a la credibilidad del sistema judicial y contamina el democrático, puesto que la justicia es uno de los pilares fundamentales en el que se sostiene.

No se puede ignorar que la huelga salvaje de los controladores ha existido; que el estado de alarma ha sido aceptado unánimemente por los grupos políticos, incluido el PP, y por la sociedad; que la declaración de alarma ha sido adecuada. Y, como es así, las declaraciones del presidente Zapatero se tenían que dar sin que el hecho de que un juzgado diera orden de llevar adelante una operación contra el dopaje en el deporte deba entenderse como favorable a los intereses de un partido. De ahí que decir tamaña sandez es volver, como en los peores tiempos del gilismo, a tratar de identificar a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad con los intereses de un grupo político. Ya lo hizo Jesús Gil y Gil con apoyo tácito del PP. Cenas pagadas por el Ayuntamiento marbellí que superaron económicamente con creces la de Antonio Rodrigo Torrijos, ahí quedaron. Unas cenas a las que asistió la entonces ministra del Gobierno Aznar Margarita Mariscal, el vicepresidente del CGPJ nombrado a instancia del PP, José Luis Manzanares, y algunos jueces de la APM. Caviar iraní, cigalas, vodka ruso y noches en hotel de cuatro estrellas formaron parte de aquella invitación. Nadie dijo entonces desde el PSOE que se estaba quebrando la voluntad de Gobierno y jueces, ni hoy se dice que se estuvo a favor de algunos de los que se sientan en el banquillo. Tampoco se habló de acusaciones de malversación por tamaña fiesta. Está visto que, para algunos personajes, los intereses de cada momento están por encima de las convicciones y de los pilares del Estado. Una situación que, como ya avanzaba, acabaría con un pacto entre los grupos políticos que evitara el uso partidista de la justicia.