De vacaciones e irresponsabilidades
No por esperada la decisión de la Comisión Europea de imponer una durísima sanción económica a España, en definitiva a las tres Diputaciones forales vascas, por el incumplimiento de la recuperación de las ayudas otorgadas en el marco de las ya famosas vacaciones fiscales es menos grave. Estamos hablando de una sanción que, dependiendo de los plazos con los que se juegue, puede oscilar entre unos 37 y 50 millones de euros, y ello sin contar con posibles intereses de demora y demás gastos vinculados al correspondiente proceso judicial.
Como se puede imaginar el lector, es fácil ave...
No por esperada la decisión de la Comisión Europea de imponer una durísima sanción económica a España, en definitiva a las tres Diputaciones forales vascas, por el incumplimiento de la recuperación de las ayudas otorgadas en el marco de las ya famosas vacaciones fiscales es menos grave. Estamos hablando de una sanción que, dependiendo de los plazos con los que se juegue, puede oscilar entre unos 37 y 50 millones de euros, y ello sin contar con posibles intereses de demora y demás gastos vinculados al correspondiente proceso judicial.
Como se puede imaginar el lector, es fácil aventurar de dónde acabará saliendo ese dinero: del bolsillo de los ciudadanos vascos, bien sea porque haya que reducir otras partidas de gasto, porque haya que aumentar los impuestos o porque haya que endeudarse, lo que supone pagar los intereses del correspondiente endeudamiento. Las cuentas de la vieja no suelen fallar en estos casos.
La UE conoce y entiende de sobra la existencia y el funcionamiento del Concierto Económico
Con todo, lo más preocupante desde mi punto de vista es el propio origen del comportamiento objeto de sanción. La sanción propuesta por la Comisión Europea se debe a la puesta en práctica por parte de las tres Diputaciones forales de unas ayudas fiscales ilegales, incompatibles con la normativa reguladora de las ayudas estatales establecida por la Unión Europea, normativa de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros. Por mucho que se quiera disfrazar, las referidas ayudas fiscales no se derivaban del ejercicio de la autonomía fiscal disfrutada por Euskadi gracias a su Concierto Económico. Esta autonomía nos permite a los vascos establecer en el ámbito del Impuesto de Sociedades el tipo tributario que deseemos, diferente del establecido en el resto de la Unión Europea, incluso distinto del aplicado en el resto de España, como así ocurre. Sin embargo, esa autonomía, en el caso de ayudas selectivas -no olvidemos que las vacaciones fiscales no se aplicaban a todas las empresas vascas, sino a determinadas empresas que realizaran determinadas inversiones-, está sujeta, como en el resto de Europa a los límites máximos establecidos por la Unión Europea.
Ya desde el momento de la aprobación de dichas ayudas por parte de las tres Diputaciones forales numerosas opiniones procedentes de diversos ámbitos plantearon la más que evidente ilegalidad de dichas medidas al ser, precisamente, incompatibles con el régimen europeo de ayudas estatales. De hecho, el primer proyecto estrella de dichas vacaciones, la instalación en Álava de la fábrica de electrodomésticos Daewoo, sufrió los ataques feroces de los productores electrodomésticos vascos de línea blanca, argumentando la ilegalidad de las ayudas recibidas por la empresa coreana.
¿Qué hicieron entonces las tres Haciendas forales? Básicamente, hacer oídos sordos a tales advertencias. Exactamente lo mismo que cuando la Comisión Europea y el Tribunal Europeo declararon dichas ayudas ilegales y exigieron la recuperación del importe de las mismas.
A estas alturas de la partida, resulta incomprensible escuchar o leer opiniones que plantean que, en el fondo del problema, la Unión Europea no entiende la existencia y el funcionamiento del Concierto Económico. Lo conoce y lo entiende de sobra. Lo que seguramente no llega a entender es que existan Administraciones, y autoridades de las mismas, que aprueben normas ilegales; que aprueben normas ilegales aun siendo conscientes de su ilegalidad; que aprueben normas ilegales y piensen que ni los ciudadanos, ni las empresas ni otras Administraciones o instituciones no descubran la ilegalidad; que aprueben normas ilegales y no sean conscientes de la más que posible declaración de ilegalidad y la consiguiente sanción, y que una vez sancionado por los tribunales de justicia, decidan hacer caso omiso a la misma. Y, qué quieren que les diga: yo tampoco lo entiendo
Jesús Ferreiro Aparicio es profesor del Departamento de Economía Aplicada V de la Universidad del País Vasco (UPV)