Un grupo oficial de expertos estudiará el abuso a menores
El Gobierno formará un grupo de expertos para estudiar la incidencia y prevalencia de los abusos sexuales en España, por comunidades autónomas. Ayer, el Congreso de los Diputados instó al Ejecutivo a formar ese grupo que analizará, como hacen otros países, los casos de abusos que se producen y han producido en España. Esta iniciativa, aunque está lejos de alcanzar las comisiones específicas de investigación formada por otros países como Irlanda o Alemania, es un paso adelante para dar voz a las víctimas de este tipo de agresiones, muchas veces cometidas dentro de la propia familia.
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El Gobierno formará un grupo de expertos para estudiar la incidencia y prevalencia de los abusos sexuales en España, por comunidades autónomas. Ayer, el Congreso de los Diputados instó al Ejecutivo a formar ese grupo que analizará, como hacen otros países, los casos de abusos que se producen y han producido en España. Esta iniciativa, aunque está lejos de alcanzar las comisiones específicas de investigación formada por otros países como Irlanda o Alemania, es un paso adelante para dar voz a las víctimas de este tipo de agresiones, muchas veces cometidas dentro de la propia familia.
La iniciativa, presentada por CiU pero apoyada por unanimidad por todos los grupos, habla de la necesidad de este estudio para actualizar los datos que ya existen, de 1994. Las cifras de estudios que se han hecho en otros países europeos y en Estados Unidos -entre un 23% y un 25% de las niñas y un 10% y un 15% de los niños sufren abusos sexuales antes de los 17 años- son "escalofriantes", dijo el diputado Carles Campuzano de CiU.
Por otra parte, la Comisión de Salud del Congreso aprobó también (con el voto en contra del PP y la abstención de CiU) una enmienda transaccional a la proposición no de ley presentada por ERC-IU-ICV en la que insta al Gobierno a garantizar que los abortos se realicen en la sanidad pública. Ahora más del 90% se realiza en centros privados, aunque la mayoría las financia la sanidad pública.
Así, instan al Gobierno a que movilice a la Alta Inspección para que los centros públicos de las regiones "estén dotados de recursos humanos y medios adecuados" para hacer abortos, "comenzando por aquellos que respondan a razones médicas y continuando por el resto". La iniciativa establece también que las comunidades, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, "habrán de adoptar las medidas pertinentes" para que el acceso de la mujer a la prestación no se vea menoscabado por la objeción de conciencia.