Responsabilidad y justicia
La Constitución española establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas y garantiza explícitamente la autonomía de los municipios. Estas afirmaciones, que pueden parecer nimias, se están convirtiendo en el bastión más difícil de proteger para el mundo local. Nuestra autonomía no solo se ve debilitada por la ausencia de financiación, sino que además la legislación invade repetidamente dicha autonomía, cuando no la anula directamente. Se legisla sobre aspectos que afectan directamente a la organización y gobierno de los municipios y, ...
La Constitución española establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas y garantiza explícitamente la autonomía de los municipios. Estas afirmaciones, que pueden parecer nimias, se están convirtiendo en el bastión más difícil de proteger para el mundo local. Nuestra autonomía no solo se ve debilitada por la ausencia de financiación, sino que además la legislación invade repetidamente dicha autonomía, cuando no la anula directamente. Se legisla sobre aspectos que afectan directamente a la organización y gobierno de los municipios y, por el contrario, no se nos tiene en cuenta ni siquiera como parte afectada. Esto coloca a los cargos electos en una preocupante situación de indefensión.
En ocasiones, como en las imputaciones penales de alcaldes por motivos medioambientales, chocamos con una legislación que nos hace responsables de hechos que no nos competen o que no dependen solo de nuestras decisiones. El fiscal considera que algunos alcaldes están incumpliendo sus obligaciones en materia de saneamiento. ¿Cuál es la situación real? Que la construcción de las plantas depuradoras, necesarias para garantizar que no se produzcan los vertidos, son competencia de otra Administración. Resultado: alcaldes imputados penalmente por decisiones y actuaciones que no dependen de ellos. Por ello, desde la Federación de Municipios de Cataluña hemos trasladado al Gobierno de la Generalitat la necesidad de que se complete el sistema de saneamiento de los municipios y, paralelamente, hemos trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente la voluntad de trabajar conjuntamente para buscar soluciones que pongan fin a este tipo de situaciones e imputaciones.
El caso se repite si hablamos de la ley de protección de los animales. El Parlament aprobó por unanimidad que no se puedan sacrificar animales abandonados. Anualmente se abandonan unos 23.000 animales de compañía en Cataluña y el coste medio de mantenimiento por cada uno es de 11 euros al día. Así pues, el mundo local tendría que destinar unos 92 millones de euros anuales para aplicar dicha ley. Nuevamente el Parlament aprueba una ley, pero no dota económicamente a los municipios para su cumplimiento, y otra vez el Código Penal responsabiliza al alcalde de forma indirecta de abandono o maltrato de animales en su municipio. Y esto, en una situación de precariedad económica y de falta de financiación como la actual, nos plantea un dilema imposible: ¿tenemos que gastar más recursos en la aplicación de la ley de protección de animales que en los servicios sociales o en la asistencia a las personas de nuestro municipio? ¿Cómo se resuelve esta dicotomía?
Hay más: imposiciones en la autorización de prostíbulos, injerencias en la ubicación de mezquitas, imposibilidad de obtener crédito, condiciones de pago más exigentes para los Ayuntamientos que para las empresas... ¿No sería más adecuado establecer un modelo de financiación local y definir claramente las competencias que tiene que asumir cada uno con los recursos necesarios? Así, los cargos electos podrían asumir las responsabilidades que realmente tuvieran. Responsabilidades, todas; injusticia, ninguna.
Manuel Bustos es alcalde de Sabadell y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña.