2.700 aulas prefabricadas para empezar el curso
El Defensor del Pueblo investiga las carencias escolares
Los escolares españoles han comenzado el curso 2010-2011 con al menos 2.400 aulas prefabricadas solo en Cataluña (1.057), Comunidad Valenciana (913), Andalucía (359) Castilla-La Mancha (193), País Vasco (100), Navarra (57) y Aragón (32). Esta es una parte de lo que se va a encontrar el Defensor del Pueblo, que ha iniciado una investigación de oficio sobre las carencias de los centros educativos. Como consecuencia de una "mala planificación", año tras año, continúan existiendo esas aulas prefabricadas (barracones). En ocasiones se imparte clase en habitaciones que no estaban destinadas para ell...
Los escolares españoles han comenzado el curso 2010-2011 con al menos 2.400 aulas prefabricadas solo en Cataluña (1.057), Comunidad Valenciana (913), Andalucía (359) Castilla-La Mancha (193), País Vasco (100), Navarra (57) y Aragón (32). Esta es una parte de lo que se va a encontrar el Defensor del Pueblo, que ha iniciado una investigación de oficio sobre las carencias de los centros educativos. Como consecuencia de una "mala planificación", año tras año, continúan existiendo esas aulas prefabricadas (barracones). En ocasiones se imparte clase en habitaciones que no estaban destinadas para ello, o se aumenta, por encima de lo que marca la ley, el número de alumnos por clase. El Defensor se ha propuesto conocer este curso la dimensión exacta del problema en cada comunidad, consciente de que esta situación empeora la calidad de la educación.
Los barracones se usan de gimnasios, aulas, comedores o despachos
La clave será discernir si esas carencias son puntuales, a la espera de que se termine de construir un centro, o si son estructurales, se hacen crónicas, y al final resulta que un chaval se puede pasar todo el colegio o todo el instituto en una de ellas, apunta la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro. Pese a que muchas veces ese tipo de instalaciones no tienen nada que envidiar a las definitivas, otras son claramente deficientes. Un ejemplo: el colegio público Ciutat de Cremona, de Alaquàs, un denso núcleo urbano del cinturón de Valencia, tuvo que ser desalojado en dos ocasiones el curso pasado, después de que sendos temporales pusieran en riesgo la integridad física de sus casi 400 alumnos, la mayoría de siete años. En el segundo temporal, cuando el viento azotó los barracones arrancando algunos de sus elementos, el Consistorio decretó su cierre.
Teniendo en cuenta únicamente las cifras totales de aulas prefabricadas, las más altas se encuentran en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, dos de las regiones con mayor número de alumnos.
En Cataluña, la cifra no ha parado de crecer desde hace una década: subió cuando gobernaba Convergència i Unió (CiU) y con el tripartito se disparó en paralelo al boom de la inmigración. La Generalitat atribuye, en parte, a la inmigración y a la movilidad de las familias extranjeras el aumento de los barracones. Los 1.057 con que se ha empezado este curso son nueve más que cuando arrancó el pasado. El aumento se ha desacelerado este año, pero la cifra de barracones casi se ha doblado desde hace siete años, cuando empezó a gobernar el tripartito: eran entonces 551. En ese periodo, por otro lado, se ha pasado de 106.000 alumnos extranjeros a más de 152.000. La mayor parte de los barracones son aulas. El curso pasado, del millar largo de barracones instalados, más de 800 eran aulas. El resto estaban destinados a comedor, gimnasios y despachos.
En la Comunidad Valenciana, la segunda con más barracones, el sistema educativo público en los tramos de Infantil y Primaria crece desde el curso 2003 (un 3,4% anual en la pública, y en torno al 1,5% en la privada). Pese a que este año solo hay 1.780 alumnos más, el déficit crónico de plazas públicas que se arrastra en los 1.049 colegios desde hace siete años ha forzado en septiembre a la Consejería de Educación a tomar una medida de choque y autorizar 148 aulas colchón o joroba habilitadas en salas multiusos, pasillos, patios o salas de profesores, según un informe interno de CC OO. Esto significa que cerca de 4.000 niños -de al menos 60 poblaciones valencianas con gran densidad demográfica- han estrenado curso en este tipo de instalaciones provisionales.
En paralelo, la Consejería de Educación -que este año ha puesto en marcha 51 centros escolares públicos de nueva construcción- ha confirmado que 19.666 alumnos estudiarán este curso en los 913 prefabricados habilitados mientras se construyen nuevos edificios, aunque admite que no todos los barracones son "provisionales", esto es, que no durarán los 18 o 24 meses que se tarda en construir un centro nuevo. También los hay "crónicos" por falta de suelo escolar público. En la Comunidad Valenciana, en los últimos años se han producido múltiples quejas de padres contra los "barracones crónicos", que duran entre 5 y 10 años, que han pedido al Síndic de Greuges la apertura de una investigación de oficio.
El Síndic, José Cholví (del PP, al igual que la Administración valenciana), emitió un severo informe en agosto pasado en el que advierte de que los prefabricados son una "solución a la que la Administración debería recurrir tan solo con carácter residual y, en todo caso, provisional". Esta situación, advirtió, se debió a su "manifiesta incapacidad" para ofrecer a los alumnos "el derecho a la educación de calidad".
La siguiente cifra más alta de barracones se encuentra en Andalucía, que ha comenzado el curso con 359 aulas prefabricadas. Según la Consejería de Educación, el 85% de estas aulas se han instalado por las obras de ampliación o de construcción de colegios e institutos, por lo que no son infraestructuras permanentes. La cifra es algo menos de la mitad que el año pasado.
A partir de ahí, las cifras son de los más variadas, desde las 193 de Castilla-La Mancha, o el centenar de País Vasco, a los 32 de Aragón, los dos de Galicia o la situación de Madrid, cuyo Gobierno asegura que ha eliminado los barracones por completo. El informe ayudará arrojará luz sobre estos datos, pero, sobre todo, será interesante en la medida en que diga dónde y hasta qué punto estas aulas reducen la calidad de la educación.
Con información de J. A. Aunión (Madrid) y Ania Elorza (Bilbao).