Clamor de sindicatos y partidos contra el decreto del carbón

En pocos días, el decreto del carbón, que prima el consumo del mineral nacional frente al importado, pasará de la teoría a la práctica para disgusto de la Xunta, la oposición, los sindicatos y los trabajadores del sector, que ven peligrar el empleo en las centrales de As Pontes y Meirama (Cerceda) y piden compensaciones al Gobierno. El Ministerio de Industria confía en que la Comisión Europea dé el visto bueno al Real Decreto 134/2010, antes del 1 de octubre.

Su puesta en marcha dejaría sin efecto las inversiones millonarias que Endesa y Fenosa realizaron en la última década para adapta...

En pocos días, el decreto del carbón, que prima el consumo del mineral nacional frente al importado, pasará de la teoría a la práctica para disgusto de la Xunta, la oposición, los sindicatos y los trabajadores del sector, que ven peligrar el empleo en las centrales de As Pontes y Meirama (Cerceda) y piden compensaciones al Gobierno. El Ministerio de Industria confía en que la Comisión Europea dé el visto bueno al Real Decreto 134/2010, antes del 1 de octubre.

Su puesta en marcha dejaría sin efecto las inversiones millonarias que Endesa y Fenosa realizaron en la última década para adaptar sus plantas a la quema de hulla importada y reducir las emisiones de gases contaminantes. Endesa invirtió 275 millones en adaptar las calderas de sus cuatro grupos eléctricos en As Pontes, y 45 millones más en construir una terminal en el puerto exterior de Ferrol.

Endesa y Unión Fenosa negocian con el Ministerio de Industria

Gas Natural Fenosa destinó 140 millones a modificar la caldera de la central de Meirama, construir la Medusa coruñesa -el parque de almacenamiento de carbón en el puerto- y adaptar el ramal ferroviario en 2001, según recordaron ayer fuentes de la eléctrica. En total, 460 millones de euros empleados en adaptar las térmicas al carbón importado.

La Xunta se ha posicionado radicalmente en contra de un decreto que "perjudica" los intereses gallegos en beneficio de otras autonomías y amenaza con recurrirlo "con todas las herramientas jurídicas" a su alcance. Argumenta que cuestiona la viabilidad futura de las dos grandes centrales eléctricas gallegas y las condena "al cierre o la congelación de su actividad", echando por tierra sus millonarios esfuerzos por adaptarse a la quema de carbón importado para reducir las emisiones contaminantes y prolongar su vida útil.

El conselleiro de Industria, Javier Guerra, se reunió ayer con los alcaldes socialistas de Cerceda, José García Liñares, y As Pontes, Valentín Formoso. Acordaron que si el decreto se aprueba con su redacción actual y "sin medidas compensatorias", el Gobierno gallego y los regidores lo recurrirán conjuntamente "ante Bruselas y en Madrid", explicó Liñares. "El empleo es lo primordial, pero también lo es la actividad económica que generaba en el pueblo", añadió el regidor. Idéntica petición hicieron los socialistas gallegos, que esta semana plantearon al Ministro de Industria, la necesidad de compensaciones económicas y garantías de empleos.

La inminente entrada en vigor del nuevo reglamento también ha puesto en un brete a PP y PSOE, que defienden posturas contrarias en función de la comunidad afectada, y en jaque a los sindicatos estatales: UGT y Comisiones Obreras, con intereses encontrados en Galicia, con los yacimientos de lignito ya agotados, y las cuencas mineras de Asturias y León."Es un arma de doble filo que salva el empleo en las minas y pone en peligro el de las térmicas y los grupos de gas

si no se activan medidas compensatorias" señala un informe de la Federación de Industria de CC OO.

Endesa y Unión Fenosa han optado por la prudencia, mientras negocian con el Ministerio de Industria compensaciones económicas por "el lucro cesante", para salvar la caída de una producción que da prioridad a la quema de carbón nacional, y que, "muy probablemente", tendrá su reflejo en la factura de la luz de cada hogar, según fuentes parlamentarias.

Los diputados gallegos del PP sumaron una enmienda a una propuesta del BNG en defensa de las térmicas gallegas que se debatió hace días ante la comisión de Industria del Congreso, pero se abstuvieron en la votación final, y fue rechazada.

Los socialistas gallegos también elevaron esta semana sus quejas contra el decreto al Ministro de Industria, Miguel Sebastián, y exigen al gobierno central y gallego "garantías" para el empleo de casi un millar de personas vinculadas directa e indirectamente a las plantas de As Pontes (800) y Meirama (147).

Se trata de mineros, que tras el cierre de los yacimientos fueron reciclados en mantenimiento, técnicos eléctricos, operarios de auxiliares y transportistas que viven de la actividad que generan las dos térmicas, que son el epicentro industrial de estas dos localidades coruñesas.

En As Pontes, la central térmica más grande de España, funciona con dos de los cuatro grupos eléctricos y emplea a medio millar de personas. "Han echado el freno y ya no compran más carbón de fuera esperando a ver que pasa" señala un trabajador, disgustado con la actitud "silenciosa" de UGT y CC OO, que integran el comité de Endesa en As Pontes. "Tenemos muy claro que no queremos que esto pare. Todo el pueblo vive de esto, aunque el carbón venga de fuera" manifestó.

El BNG y la CIG se han aliado con la USTG (Unión Sindical de Trabajadores de Galicia) y los transportistas autónomos en una Plataforma en Defensa da Producción Eléctrica en la comarca ferrolana. Exigen que se modifique un decreto "que tendrá unas repercusiones económicas terribles" en las comarcas de As Pontes y Cerceda.