Un juez investiga la muerte de dos crías de águila imperial
Andalucía es una de las comunidades con mayor población de águilas imperiales, con unas 60 de las 200 parejas que se calcula que hay en el mundo, la mayoría en España. Sin embargo, el programa andaluz de conservación de esta especie ha sufrido un revés con la muerte de dos crías halladas bajo un nido en Vilches (Jaén), en la parte más oriental de Sierra Morena. La necropsia practicada ha confirmado que el origen de su muerte ha tenido que ver con el envenenamiento a consecuencia de la utilización de insecticidas.
Al igual que ocurre con otras rapaces amenazadas, la mano del hombre es un...
Andalucía es una de las comunidades con mayor población de águilas imperiales, con unas 60 de las 200 parejas que se calcula que hay en el mundo, la mayoría en España. Sin embargo, el programa andaluz de conservación de esta especie ha sufrido un revés con la muerte de dos crías halladas bajo un nido en Vilches (Jaén), en la parte más oriental de Sierra Morena. La necropsia practicada ha confirmado que el origen de su muerte ha tenido que ver con el envenenamiento a consecuencia de la utilización de insecticidas.
Al igual que ocurre con otras rapaces amenazadas, la mano del hombre es una de las principales causas de muerte del águila imperial. El diario Ideal informó ayer de que un Juzgado de La Carolina y la Fiscalía de Medio Ambiente de Jaén han abierto diligencias para localizar a los responsables del envenenamiento por metomilo, un insecticida muy tóxico usado para luchar contra plagas en el campo.
El águila imperial, un ave emblemática de los ecosistemas mediterráneos, es la rapaz más amenazada de Europa. En la actualidad, las poblaciones solo están presentes en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid.
La acción de la Justicia no ha servido para acabar con la utilización de veneno en las zonas de influencia del águila imperial, pero sí que ha surtido efecto con el quebrantahuesos, otra de las rapaces más amenazadas. Un juzgado de Granada condenó en febrero a un año y medio de prisión a un ganadero por colocar cebos envenenados en la Sierra de Castril. La condena, que, además de la pena de cárcel, conlleva 18 meses de inhabilitación para la caza y el ejercicio de empleo o cargo público, es la más alta impuesta en Andalucía por colocación de cebos envenenados.
Este mismo año, la Junta de Castilla y León decretó la veda total durante dos años en ocho municipios de la comarca de La Moraña por el envenenamiento de 21 aves protegidas.