La Xunta supervisa el centro por orden judicial
Las dos viviendas comunitarias que conforman la residencia La Paz, en Serra de Outes, cuenta con 24 plazas para mayores que no tengan enfermedades infecciosas, ni trastornos mentales graves, según consta en sus condiciones de ingreso. Es un centro privado para personas que no sean dependientes, por lo que las competencias de la Xunta se limitan, según explicó ante el juez a los letrados de la Administración, a autorizar su apertura y actividad así como realizar posteriores inspecciones periódicas. La Paz lleva abierto 14 años. Ahora, por decisión judicial, tras levantarse hace casi año y medio...
Las dos viviendas comunitarias que conforman la residencia La Paz, en Serra de Outes, cuenta con 24 plazas para mayores que no tengan enfermedades infecciosas, ni trastornos mentales graves, según consta en sus condiciones de ingreso. Es un centro privado para personas que no sean dependientes, por lo que las competencias de la Xunta se limitan, según explicó ante el juez a los letrados de la Administración, a autorizar su apertura y actividad así como realizar posteriores inspecciones periódicas. La Paz lleva abierto 14 años. Ahora, por decisión judicial, tras levantarse hace casi año y medio el secreto sumarial, el centro está sometido a la supervisión mensual de las autoridades autonómicas.
El fiscal, ante los "delitos de gravísima consideración" que se acreditan "suficientemente en el informe de la Guardia Civil" realizado en febrero de 2008, llegó a plantear la posibilidad, como medida cautelar, de cerrar el centro. Una propuesta a la que la Xunta no se oponía aunque destacó la complejidad que requería realojar en un geriátrico público a los residentes de La Paz. La Fiscalía llegó incluso a poner en entredicho "la cualificación" del matrimonio y su hijo para regentar un centro para personas de la tercera edad.
Los acusados callan
Ninguno de los tres acusados, el matrimonio y su hijo, quiso responder ante el juez cuando fueron llamados a declarar. Su abogado argumentó que el centro contaba con las licencias y autorizaciones pertinentes para alojar a personas de la tercera edad y que sus servicios estaban bajo el control e inspección de la Xunta. En cuanto a las transmisiones patrimoniales de bienes de ancianos, el defensor de los imputados alegó que debían decidir los tribunales si las escrituras ante notario se ajustaban a la ley. Finalmente, el juez decidió que la residencia podía seguir abierta, aunque impuso mayor control de la Xunta y prohibió a los dueños realizar cualquier transacción con los ancianos.
Ahora mismo la causa, que ya lleva más de tres años de instrucción, está pendiente de que la Fiscalía califique los hechos y la responsabilidad de los tres acusados de un delito de estafa. Para el Ministerio público, según destacó en la comparecencia ante el juez del matrimonio y su hijo en enero de 2009, el informe de la Guardia Civil demuestra suficientemente la estafa, "las numerosas incorporaciones patrimoniales de los tres imputados respecto a ancianos que se encuentran en su residencia que pagaban sus cuotas".