Revés legal al tripartito por la designación de Marín al frente de la CCMA
El Consejo de Garantías critica el uso de un decreto ley
En plena Diada de Sant Jordi, el tripartito sufrió un revés legal de primera magnitud. El Consejo de Garantías Estatutarias emitió ayer un dictamen de una rotundidad y unanimidad pocas veces vista. El organismo consultivo sostiene que el Gobierno incumplió el Estatuto al recurrir a un decreto ley para modificar la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). El cambio tenía como objetivo evitar que la oposición pudiera bloquear el nombramiento de Enric Marín como presidente en sustitución de Albert Sáez, que dimitió de forma inesperada de su cargo.
El Consejo de Garant...
En plena Diada de Sant Jordi, el tripartito sufrió un revés legal de primera magnitud. El Consejo de Garantías Estatutarias emitió ayer un dictamen de una rotundidad y unanimidad pocas veces vista. El organismo consultivo sostiene que el Gobierno incumplió el Estatuto al recurrir a un decreto ley para modificar la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). El cambio tenía como objetivo evitar que la oposición pudiera bloquear el nombramiento de Enric Marín como presidente en sustitución de Albert Sáez, que dimitió de forma inesperada de su cargo.
El Consejo de Garantías, que emitió el dictamen a petición de CiU y el PP, estima que el tripartito no debería haber utilizado un decreto ley porque, según el artículo 64 del Estatuto, esa fórmula está reservada a casos de una "necesidad extraordinaria y urgente", algo que no se producía en el caso de la CCMA. La oposición pidió sin éxito al Gobierno que dé marcha atrás en el nombramiento.El dictamen recuerda que el tripartito defendió el uso del decreto ley por una cuestión de urgencia al señalar la complejidad del sector audiovisual (el apagón analógico) y las dificultades derivadas de la crisis. El tribunal no acepta esas razones al considerarlas "excesivamente ambiguas" y rechaza también que pudiera estar en juego "el buen gobierno" de la CCMA. Y algo más: deja en evidencia a los asesores del presidente Montilla porque dice que existe el procedimiento parlamentario de la "lectura única" para modificar una ley, ya utilizado en el caso de la Oficina Antifraude en 2008, y casi tan rápido como un decreto ley.
El Consejo de Garantías Estatutarias es el instrumento del que se ha dotado la Generalitat para saber si sus leyes se ajustan a la Constitución y el Estatuto. Sus informes son vinculantes si repercuten en materias que afectan a los derechos fundamentales por lo que no ocurre así en el caso de Marín. Sea como sea, el dictamen, de una treintena de páginas, ha dejado en una situación tan mal parada al tripartito que no ha tenido más remedio que aceptar que el decreto, una vez convalidado, se acabe tramitando como proyecto de ley para que pueda recibir enmiendas. El resultado será el mismo, pero restituirá la imagen del tripartito.
Pese al revés, el Gobierno se siente respaldado ya que el dictamen cuestiona la forma y no el fondo por lo que el nombramiento de Marín continuará vigente a todos los efectos para irritación de la oposición. "Lo importante era desbloquear la CCMA", argumentaron fuentes del tripartito. No lo vio así Artur Mas, presidente de CiU, que consideró la designación "un fraude de ley" y se mostró partidario de anular el proceso. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña, consideró que todo es consecuencia de "la cacicada" del decreto.
En el trasfondo de la historia está el pulso entre el tripartito y la oposición por el control de TV-3 y Catalunya Ràdio a meses de las elecciones. La dimisión de Sáez desconcertó al Gobierno, que vio cómo su puesto recaía provisionalmente en el vicepresidente del organismo, afín a CiU. El tripartito temió que la oposición bloqueara el nombramiento del sustituto y cambió la ley para que en la segunda votación del Parlament necesitara sólo los votos de la mayoría absoluta y no los dos tercios. El informe no entra a juzgar si es preceptiva o no la modificación de la ley, tal como pedía el PP en aras del consenso. "No es competencia de este consejo pronunciarse sobre si un sistema de elección garantiza más o menos el consenso, la objetividad y la profesionalidad de los miembros de la CCMA", sostiene.