Adega llevará a los tribunales el convenio de Barreiros
"Aberración urbanística" es como definen la situación de las viviendas "ilegales" de Barreiros desde la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), en referencia a la construcción de miles de pisos construidos sobre" el mismo borde del litoral". En voz del secretario general de la asociación, Froilán Pallín, el caso de la localidad lucense es un "despropósito" y una "debacle a la que hay que poner solución con consenso político y social".
Pallín adelantó que la asociación ecologista se personará en el juzgado de Mondoñedo para unirse a la denuncia presentada por la Fiscalía ...
"Aberración urbanística" es como definen la situación de las viviendas "ilegales" de Barreiros desde la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), en referencia a la construcción de miles de pisos construidos sobre" el mismo borde del litoral". En voz del secretario general de la asociación, Froilán Pallín, el caso de la localidad lucense es un "despropósito" y una "debacle a la que hay que poner solución con consenso político y social".
Pallín adelantó que la asociación ecologista se personará en el juzgado de Mondoñedo para unirse a la denuncia presentada por la Fiscalía en la que se acusa al alcalde de Barreiros y la arquitecta municipal de un presunto delito de prevaricación urbanística, tras encontrar irregularidades en 44 construcciones del municipio lucense.
Otro motivo de indignación en el grupo ecologista es la posible firma del convenio con el que la Xunta, el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo pretenden financiar el establecimiento de los servicios mínimos (agua potable, energía eléctrica y aguas fecales) en estas urbanizaciones. Según Pallín, este convenio "calcula una aportación de 12.891.164 euros de dinero público" lo que supondría "una malversación de fondos" ya que "son los promotores quienes tienen que costear esos servicios". En el caso de que este convenio se firme, afirmó Pallín, lo recurrirán por la vía contencioso-administrativa ya que para ellos el pacto "es la constatación de las ilegalidades" que se vienen anunciando sobre las construcciones del municipio.
En cuanto a los contenciosos que la Xunta inició en el 2006, Pallín cree que deben continuar adelante, ya que si se retiran "habrá repercusiones de carácter penal".