Abengoa exige a México 70 millones en un arbitraje

La española presenta una demanda por incumplimiento de contrato

Abengoa y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) han presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial, según consta en la página web de dicha institución.

Fuentes conocedoras del caso señalan que en la demanda se exige al Gobierno federal mexicano el pago de 96 millones de dólares (unos 70 millones de euros) más intereses por la imposibilidad de poner en marcha la planta de residuos de Befesa (filial de Abengoa) del municipio de Zimapán, e...

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Abengoa y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) han presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial, según consta en la página web de dicha institución.

Fuentes conocedoras del caso señalan que en la demanda se exige al Gobierno federal mexicano el pago de 96 millones de dólares (unos 70 millones de euros) más intereses por la imposibilidad de poner en marcha la planta de residuos de Befesa (filial de Abengoa) del municipio de Zimapán, en el Estado de Hidalgo, violando el acuerdo para la promoción y protección recíproca de Inversiones entre México y España.

Una filial ha tenido que suspender la puesta en marcha de una fábrica

La solicitud de arbitraje se refiere a la imposibilidad de operar el proyecto en virtud de diversos actos llevados a cabo por las autoridades municipales de Zimapán como la revocación de la licencia municipal de funcionamiento; la excavación de zanjas y el bloqueo de caminos para impedir el paso de camiones hacia el confinamiento, y el "desvío de recursos públicos para impedir la operación", según consta en la denuncia.

Abengoa acusa también a los Gobiernos, el federal y el del Estado de Hidalgo, de diversas acciones y omisiones que podrían suponer la violación del acuerdo económico entre México y España. Desde 2007, la española Befesa ha suspendido sus actividades pese a tener una concesión durante los próximos 50 años.

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