A Coruña se resiste al derribo de un edificio que ordena el juez
El Ayuntamiento de A Coruña insiste en que no derribará uno de los inmuebles más grandes del centro de la ciudad pese a perder todos los recursos contra las sentencias, ahora firmes y ratificadas por el Supremo, que lo declaran ilegal. El último varapalo de un litigio que se prolongó 12 años es el fallo del alto tribunal que, rechazando los recursos de casación del Ayuntamiento y la inmobiliaria Fadesa, ordena de nuevo demoler el edificio Conde de Fenosa porque se construyó con una licencia de 1997, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2001.
La sentencia es...
El Ayuntamiento de A Coruña insiste en que no derribará uno de los inmuebles más grandes del centro de la ciudad pese a perder todos los recursos contra las sentencias, ahora firmes y ratificadas por el Supremo, que lo declaran ilegal. El último varapalo de un litigio que se prolongó 12 años es el fallo del alto tribunal que, rechazando los recursos de casación del Ayuntamiento y la inmobiliaria Fadesa, ordena de nuevo demoler el edificio Conde de Fenosa porque se construyó con una licencia de 1997, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2001.
La sentencia es muy dura en sus términos contra el Ayuntamiento y la promotora por su empeño en alargar el litigio, y echa por tierra los esfuerzos para intentar legalizar la edificación de tres bloques ocupados por unas cien viviendas, locales comerciales y oficinas.
Los jueces no sólo reiteran la obligación de inscribir tanto en el Boletín Oficial de la Provincia como en el Registro de la Propiedad el fallo que declara ilegal el edificio, lo que devaluará las propiedades, sino que incluso abre la puerta a los afectados a reclamar indemnizaciones. Para los tribunales, el inmueble construido sobre la parcela que acogió durante décadas la sede central de Fenosa no se ajustaba al planeamiento urbanístico en vigor, el de 1985, ya que éste prohibía la reforma integral de una edificación. Además declaran también ilegales las dimensiones de uno de los patios interiores e insuficientes las plazas de garaje, 72 para unas cien viviendas.
"El edificio no se va a demoler", aseguró ayer la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela. El Ayuntamiento considera que los jueces sólo anulan una licencia por ser contraria al plan de 1985, y que tiene margen para legalizar el edificio adaptándolo al plan actual, de 1998. Sin embargo, este extremo ya había sido reprobado por el Supremo.