Chacón negocia con la oposición la Ley de Derechos y Deberes de los militares
La ministra de Defensa, Carme Chacón, abrirá hoy las negociaciones con la oposición para consensuar la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas que, por vez primera, reconocerá a las asociaciones profesionales de militares como interlocutoras del Ministerio de Defensa. Chacón ha convocado para hoy a los portavoces del PP e Izquierda Unida en la Comisión de Defensa del Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones y Gaspar Llamazares, para explicarles el contenido del borrador elaborado por su departamento, y tiene intención de informar también a los restantes grupos.
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La ministra de Defensa, Carme Chacón, abrirá hoy las negociaciones con la oposición para consensuar la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas que, por vez primera, reconocerá a las asociaciones profesionales de militares como interlocutoras del Ministerio de Defensa. Chacón ha convocado para hoy a los portavoces del PP e Izquierda Unida en la Comisión de Defensa del Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones y Gaspar Llamazares, para explicarles el contenido del borrador elaborado por su departamento, y tiene intención de informar también a los restantes grupos.
La aprobación de la Ley de Derechos y Deberes es una asignatura pendiente desde hace casi una década y se convirtió en la estrella de la reciente Pascua Militar. Pero Chacón ya advirtió entonces que este proyecto "debe ser fruto de un más que amplio consenso" entre las fuerzas políticas, y se comprometió a renunciar al proyecto si no lo logra.
El borrador elaborado por Defensa prevé la creación de dos nuevos organismos: el Consejo de Personal, que será único y vendrá a sustituir a los cuatro que ahora existen (uno por ejército y otro de los cuerpos comunes); y el Observatorio de la Vida Militar.
El primero será el foro de encuentro entre el ministerio y las asociaciones de militares, a las que se reconocerá por primera vez la condición de interlocutoras para abordar asuntos relativos a la política de personal. Se trata de un órgano asesor que emitirá informe previo, no vinculante, de todas las medidas que afecten al estatuto profesional, régimen retributivo, condiciones de trabajo o sistema de protección social de los militares.
Defensa no quiere trasladar a las Fuerzas Armadas el modelo vigente en la Guardia Civil, por lo que ha descartado la celebración de elecciones en los cuarteles para elegir a los representantes de los militares. Habrá que arbitrar un procedimiento por el que se acredite la representatividad de las asociaciones y su derecho a formar parte del nuevo Consejo. Finalmente, según fuentes de Defensa, se permitirá que los representantes de las asociaciones que se sienten en el Consejo sean militares en activo y no sólo personal en la reserva, en contra de lo que defendían los cuarteles generales de los ejércitos.
Donde no habrá militares en activo será en el Observatorio de la Vida Militar, un organismo que Defensa concibe como un "foro de sabios" para analizar las condiciones de vida de los militares. Tanto el PP como IU quieren que este observatorio dependa del Parlamento y no del Gobierno, para garantizar su independencia.
La ley delimitará también el alcance de las restricciones de los derechos fundamentales de los militares, que tienen prohibido el de sindicación, huelga y afiliación a partidos políticos; y limitada la libertad de expresión y el derecho de manifestación.