Los taxistas se oponen a la ley que liberaliza el sector
El cartel luce en muchas mamparas traseras de los taxis madrileños: "No al artículo 21 de la Ley Omnibús". Los conductores protestan contra una normativa, pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, que consagra algunas de las peores pesadillas de los taxistas, que anuncian movilizaciones.
La nueva normativa permite que una licencia sirva en todas las comunidades autónomas, a diferencia de lo que ocurre ahora, y abre el abanico para que cualquier empresa pueda alquilar coche sin conductor. "Es la legalización de los piratas", señala Mariano Sánchez, de la Federación ...
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El cartel luce en muchas mamparas traseras de los taxis madrileños: "No al artículo 21 de la Ley Omnibús". Los conductores protestan contra una normativa, pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, que consagra algunas de las peores pesadillas de los taxistas, que anuncian movilizaciones.
La nueva normativa permite que una licencia sirva en todas las comunidades autónomas, a diferencia de lo que ocurre ahora, y abre el abanico para que cualquier empresa pueda alquilar coche sin conductor. "Es la legalización de los piratas", señala Mariano Sánchez, de la Federación Madrileña del Taxi, en referencia a las furgonetas que acuden al aeropuerto de Barajas a recoger pasajeros.
La Ley Omnibús se debatirá para su aprobación en el Congreso tras su paso por el Senado, donde una enmienda presentada por el PP consiguió la retirada del polémico artículo 21 del texto, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Como muy tarde, el día 17 se conocerá si el PSOE mantiene el artículo contra el que los taxistas protestan.
Los taxistas han convocado el 17 de diciembre una manifestación nacional con recorrido madrileño, entre la avenida de Reina Cristina y la plaza de la Libertad. "Si lo retiran, abandonaremos la protesta; si no, iremos a la huelga", amenaza Mariano Sánchez, de la Federación Madrileña del Taxi. Los convocantes alertan de que el artículo 21, el que hace referencia al sector, supone "inseguridad" para los taxistas y también para los usuarios, a los que los futuros vehículos podrán cobrar tarifas que no hayan sido supervisadas por ninguna Administración.