Gallardón no podrá cobrar por ahora el 'movilazo'

Las arcas municipales están vacías. Así que para tratar de llenarlas, el Ayuntamiento ha tenido que reinventar tasas como el llamado basurazo. Otro de los nuevos tributos que pretendía cobrar es la tasa por la "utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil", más conocida en el sector por el movilazo, porque grava la colocación de antenas de telefonía móvil. El Consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón pretendía cobrar por este concepto 20 millon...

Las arcas municipales están vacías. Así que para tratar de llenarlas, el Ayuntamiento ha tenido que reinventar tasas como el llamado basurazo. Otro de los nuevos tributos que pretendía cobrar es la tasa por la "utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil", más conocida en el sector por el movilazo, porque grava la colocación de antenas de telefonía móvil. El Consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón pretendía cobrar por este concepto 20 millones de euros en 2009, y en torno a 24 millones en 2010, pero por ahora tendrá que esperar.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la cuantificación de la cantidad que establece la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Madrid reguladora de la tasa, que fijaba el gravamen en el 1,5% de los ingresos medios anuales que obtiene cada una de las compañías por operar en la ciudad.

El fallo, a denuncia de Telefónica, da la razón parcialmente a las compañías móviles con red propia porque aunque no anula la tasa, como querían éstas, sí declara ilegal los dos artículos de la ordenanza municipal de septiembre de 2007 que fijaban la cuantía de la misma. Telefónica, Vodafone y Orange han hecho frente común contra esta nueva tasa.

La consideran abusiva puesto que las antenas y otras instalaciones están en emplazamientos privados, por los que ya pagan un alquiler. No estarían, por tanto, afectadas por la llamada "tasa de aprovechamiento especial del dominio público local", que sí deben pagar otras compañías de telefonía fija o las eléctricas.

Las tres compañías se han negado a pagar los recibos trimestrales de esta tasa que les ha venido liquidando el Ayuntamiento desde principio de 2008, por lo que a finales de año se supone que acumulaban una deuda de más de 40 millones, que ahora está en el aire.

Con este pronunciamiento, el Tribunal mantiene el criterio que ha venido manifestando respecto a las ordenanzas de Coslada, Valdemoro, Parla y Alcalá de Henares, contra las que también han recurrido las operadoras.

Paradójicamente, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido la sentencia casi como un triunfo, aunque ha anunciado que va a recurrirla ante el Tribunal Supremo por considerar que "la ordenanza es plenamente legal". El Consistorio madrileño interpreta que el tribunal permite cobrar a las operadoras de telefonía móvil siempre que la forma de cálculo no sea la que había previsto en un principio: aplicar una tasa del 1,5% sobre la facturación o volumen de ingresos.

Y recuerda que siguió una recomendación de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). El Ayuntamiento de Madrid estudia establecer una cuantía fija a cada operador de telefonía. Y de este modo quedarían subsanadas todas las objeciones sobre la ordenanza.

La Concejalía de Hacienda de Madrid considera que "las posibilidades de éxito ante el Supremo son muy altas, ya que este tribunal señala que la Ley de Haciendas Locales aún no ha establecido una fórmula concreta de cuantificación".

La reforma de la Ley de Haciendas Locales del año 2003 excluyó a los operadores de telefonía móvil de tributar por el 1,5% de sus ingresos por la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local. No obstante, desde dicho año y de manera progresiva, los Ayuntamientos han ido elaborando ordenanzas fiscales sujetando a los operadores de telefonía móvil a dicha tasa por un importe prácticamente igual.

Los operadores de telefonía móvil se han opuesto en todo momento a dicha actuación recurriendo todas las ordenanzas y liquidaciones giradas por los ayuntamientos.

No obstante, el Tribunal Supremo desestimó el pasado mes de abril el recurso de casación presentado por Vodafone contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que permitía al Ayuntamiento de Badalona cobrar tasas por la ocupación del dominio público local a las empresas de telefonía móvil. Ese fallo ha dado nuevas alas a los municipios para tratar de imponer la tasa.