Convergència acusa al PSC de usar el caso del Palau para tapar la crisis

El escándalo del Palau de la Música ha salpicado a Convergència Democràtica (CDC) y ayer, su presidente, Artur Mas, tiró de la crisis económica para no responder a las acusaciones de los socios del tripartito. Los tres partidos del Gobierno catalán, PSC, ERC e ICV-EUiA, han reclamado a CiU que devuelva los 633.000 euros que recibió la Fundación Trias-Fargas procedentes del Orfeó en los últimos ocho años. Mas replicó que no piensa "caer en la trampa" y "picar el anzuelo" de quienes quieren entrar en el juego del pim-pam-pum. "Tenemos la sensación de que hay alguien a quien no le van bien...

El escándalo del Palau de la Música ha salpicado a Convergència Democràtica (CDC) y ayer, su presidente, Artur Mas, tiró de la crisis económica para no responder a las acusaciones de los socios del tripartito. Los tres partidos del Gobierno catalán, PSC, ERC e ICV-EUiA, han reclamado a CiU que devuelva los 633.000 euros que recibió la Fundación Trias-Fargas procedentes del Orfeó en los últimos ocho años. Mas replicó que no piensa "caer en la trampa" y "picar el anzuelo" de quienes quieren entrar en el juego del pim-pam-pum. "Tenemos la sensación de que hay alguien a quien no le van bien las cosas y quiere que le vayan mal a todo el mundo", avisó Mas, que defendió la transparencia con que ha actuado CiU.

"¿Qué prefieren los parados, los empresarios, los autónomos o los pensionistas? ¿Qué hablemos de sus problemas o del Palau? No nos despistemos: tenemos un país tocado y esto no va ningún lado", afirmó el dirigente convergente, que recordó que la coalición ha centrado su estrategia en combatir la crisis y contra el proyecto de Presupuestos de Zapatero, porque está apuntalado en la subida de impuestos y porque reduce en 600 millones la partida en infraestructuras en Cataluña como las del Puerto de Barcelona y Cercanías. [Economía y Finanzas dice que la inversión pública en todo el Estado bajará el 3,9% y que en Cataluña se está en esa línea con un gasto de 4.447 millones, 179 menos que en 2009.]

Pese a su deseo de dar esa imagen de seriedad, CiU es la única fuerza política afectada en el caso del Palau: primero Àngel Colom, responsable de la sectorial de Inmigración, admitió haber recibido 72.000 euros para liquidar las cuentas del Partit per la Independència (PI) y después el extraño caso de la aportación de subvenciones del Orfeó a la fundación Trias-Fargas. Felip Puig, secretario general de CDC, dijo a Catalunya Ràdio que no es tan "extraño" ese trasvase de dinero cuando se trata de dos fundaciones que comparten un proyecto de país.

Tras el ataque lanzado el domingo por José Zaragoza, secretario de organización del PSC, el presidente José Montilla quiso ayer enfriar el conflicto. "Lo que deba hacer Convergència lo debe decidir Convergència", dijo Montilla, que señaló que las sumas que recibió el Orfeó no debían haber ido en ningún caso a ningún partido. "No se trata de activar ningún ventilador. No hay un problema de financiación de partidos, sino de unos señores que han confesado haber robado", declaró a RAC-1. Convergència no piensa ni por asomo en devolver ninguna cantidad al Orfeó. Mas recordó que las subvenciones siempre se utilizaron para promocionar actividades musicales. "Nos sentimos vigilados, auditados y controlados. Nuestra reacción ha sido de absoluta transparencia", señaló. Y fue más distante con Colom: "No soy nadie para decir lo que tiene que hacer. Pero él no se ha escondido".

Precisamente, Esquerra e Iniciativa coincidieron en insistir en que la Trias-Fargas debe devolver el dinero de Millet. Y en marcar distancias con Josep Antoni Duran Lleida, que vio "normal" que los partidos pidan dinero a amigos. "Nosotros no somos de ese mundo", parafraseó a Raimon el secretario general republicano, Joan Ridao, que aseguró que el fraude "se está convirtiendo en un asunto de financiación irregular de algunos partidos". Y consideró oportuno retomar el debate sobre la financiación de partidos. Fue precisamente ERC en el Congreso la que impulsó la reforma legal de 2007, que revisó los topes para las donaciones privadas y prohibió las anónimas.

Su homólogo ecosocialista, Joan Herrera, propuso un pacto entre todos los partidos para que ninguna organización vinculada a un partido pueda recibir dinero de entidades con fondos públicos.