La oposición exige dimisiones por el encargo masivo de informes superfluos

"La utilidad del informe ha sido escasa o nula". "El trabajo lo podía haber hecho personal del propio departamento". "El coste del informe no está justificado". Frases de este tipo se repiten decenas de ocasiones en las auditorías que tres empresas han hecho por encargo de la Generalitat para determinar si el gasto de 32 millones en informes externos de esta administración en 2007 está justificado.

Para evitar que se repitan encargos inútiles -el 16% de los pedidos de 2007 presentan "incidencias", según reconoce el propio Gobierno- los auditores recomiendan a la Generalitat tomar medida...

"La utilidad del informe ha sido escasa o nula". "El trabajo lo podía haber hecho personal del propio departamento". "El coste del informe no está justificado". Frases de este tipo se repiten decenas de ocasiones en las auditorías que tres empresas han hecho por encargo de la Generalitat para determinar si el gasto de 32 millones en informes externos de esta administración en 2007 está justificado.

Para evitar que se repitan encargos inútiles -el 16% de los pedidos de 2007 presentan "incidencias", según reconoce el propio Gobierno- los auditores recomiendan a la Generalitat tomar medidas. Algunas de ellas son tan básicas como que los departamentos, antes de encargar informes a empresas, lo justifiquen debidamente. La oposición se unió ayer para buscar responsables de lo ocurrido entrando en una espiral de críticas que recuerda episodios similares que afectaron a los gobiernos de Jordi Pujol y Pasqual Maragall.

Para Convergència i Unió el asunto es capital, sobre todo desde que la mano derecha de Artur Mas, David Madí, tuviera que dimitir en 2003 como secretario de Comunicación por un caso de falsificación de encuestas. Mas tomó ayer cartas en el asunto: "Si el Gobierno reconoce que en 2007 se hizo un montón de informes inútiles, significa que se gastó inútilmente dinero público. Esto debe de tener unos responsables. Debemos saber quiénes son y pedir las responsabilidades que hagan falta", insistió.

El PP también exigió depurar responsabilidades, pero tuvo una petición más concreta: que el Gobierno haga públicos los informes encargados en 2008 una vez que se ha sabido que los contratados en 2007 implicaron un gasto superfluo de al menos 700.000 euros.

"Si el Gobierno quiere ser transparente, que comience por facilitarnos los informes de 2008", dijo Dolors Montserrat. El Gobierno se ha negado hasta ahora a hacerlo por considerar que los informes tienen carácter confidencial.

Las portavoces del PSC y de Iniciativa, Carme Figueras y Dolors Camats, respectivamente, sí salieron en defensa del Gobierno. En sintonía con lo defendido por el consejero Antoni Castells durante la presentación de las auditorías, resaltaron la "transparencia" del Ejecutivo en este asunto. "¿Alguien se puede imaginar este ejercicio en los tiempos de David Madí?", dijo Figueras.

El Gobierno catalán considera que es víctima de la demagogia de la oposición y rechaza que todos los informes se puedan meter en el mismo saco. "No es lo mismo un informe inútil que uno que presenta deficiencias", insistieron ayer fuentes gubernamentales. Según las auditorías recopiladas por el Interventor de la Generalitat, el 3,3% de los informes externos fueron pagados con sobreprecio, el 9,6% pueden resultar inútiles y el 9% podrían haber sido hechos por funcionarios en plantilla.