El Gobierno celebra que Barreda retire del Estatuto la caducidad del trasvase al Segura

El Ministerio de Medio Ambiente ha recibido con júbilo la decisión del Ejecutivo de Castilla-La Mancha de retirar de su Estatuto la caducidad del trasvase del Tajo al Segura. "Si se eliminan apriorismos como ese, bienvenido sea. Estoy en esa línea", manifestó ayer el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, que apoyó que el texto se tramite "sin lesionar los intereses de nadie".

Junto a Puxeu estaba el consejero de Agua de Murcia, Antonio Cerdá, del PP, con el que acababa de firmar un convenio. Ambos dejaron clara su sintonía. El consejero destacó que sus relaciones son "un ejemplo de...

El Ministerio de Medio Ambiente ha recibido con júbilo la decisión del Ejecutivo de Castilla-La Mancha de retirar de su Estatuto la caducidad del trasvase del Tajo al Segura. "Si se eliminan apriorismos como ese, bienvenido sea. Estoy en esa línea", manifestó ayer el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, que apoyó que el texto se tramite "sin lesionar los intereses de nadie".

Junto a Puxeu estaba el consejero de Agua de Murcia, Antonio Cerdá, del PP, con el que acababa de firmar un convenio. Ambos dejaron clara su sintonía. El consejero destacó que sus relaciones son "un ejemplo de coordinación perfecta entre Administraciones de distinto signo". Nada que ver con la bronca de la pasada legislatura. Cerdá afirmó que la retirada de la caducidad en 2015 supone "recuperar el sentido común y de Estado" y recordó que "Castilla-La Mancha debe tener cubiertas sus necesidades. La ley lo contempla y no se las va a quitar nadie".

Su opinión es relevante porque Rajoy dijo que no apoyaría nada sin consentimiento de Valencia y Murcia. Eso, pese a que el Estatuto fue aprobado en las Cortes regionales con el voto de la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal. Los populares en la comunidad guardan silencio. El presidente castellano-manchego, el socialista José María Barreda, pidió unidad para lograr una reserva de agua para la comunidad como la que tiene Aragón en su Estatuto, aprobado por unanimidad.