El listón ético, en el sótano

El listón de las exigencias éticas para ejercer la política tiene diferentes alturas en el edificio de Génova 13, sede nacional del PP.

Si un eurodiputado de renombre (Gerardo Galeote) aparece en la lista negra de la caja B de un tal Francisco Correa, preso por corrupción, se le quita de las listas y asunto resuelto. Ya no volverá a ser eurodiputado.

Si un consejero autonómico (Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre) figura en la nómina de supuestos beneficiarios por el reparto de comisiones ilegales que ordenaba Correa a cambio de contratos públicos...

El listón de las exigencias éticas para ejercer la política tiene diferentes alturas en el edificio de Génova 13, sede nacional del PP.

Si un eurodiputado de renombre (Gerardo Galeote) aparece en la lista negra de la caja B de un tal Francisco Correa, preso por corrupción, se le quita de las listas y asunto resuelto. Ya no volverá a ser eurodiputado.

Si un consejero autonómico (Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre) figura en la nómina de supuestos beneficiarios por el reparto de comisiones ilegales que ordenaba Correa a cambio de contratos públicos, se le aparta del Gobierno regional y asunto resuelto.

Si el tesorero del partido (Luis Bárcenas) aparece en los escritos de la trama corrupta como presunto cobrador de ingentes cantidades de dinero, se le empuja a que deje el puesto para evitar males mayores, aunque se le deja que siga cobrando del Estado como senador. Y asunto resuelto.

Si cuatro alcaldes madrileños adjudican contratos multimillonarios durante años a Correa y aparecen en conversaciones bochornosas y en apuntes contables que registran el pago de decenas o cientos de miles de euros y regalos en forma de trajes, televisiones de plasma o coches, se les echa del cargo y se nombran nuevos regidores. Y asunto resuelto.

Pero si un presidente autonómico abre la puerta de su administración a una red de conseguidores y les da trato preferente, no pasa nada. Si esos conseguidores empiezan a recibir, desde el primer día que se instalan en esa comunidad, contratos a dedo, troceados de manera vergonzante para evitar los concursos, o se quedan por cuatro años consecutivos con la organización del pabellón de turismo a razón de un millón de euros al año, no pasa nada.

Si esos conseguidores gastan decenas de miles de euros en regalos de lujo o semilujo que supuestamente reparten a consejeros, alcaldes, secretarias o familiares donde gobierna ese presidente, no pasa nada. Y si al propio presidente le visten con trajes a medida los mismos que han conseguido decenas de contratos a dedo, o si a su familia la obsequian con regalos de todo tipo, tampoco pasa nada.

Bueno, sí pasa. Mariano Rajoy ha decidido ratificar a Francisco Camps como candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Valenciana en 2011. Lo ha hecho sin conocer el recorrido judicial final de las relaciones de Camps con la trama corrupta que presuntamente le regalaba trajes a medida. El Supremo podría reabrir el caso y llevar a Camps hasta el banquillo para que un jurado popular le juzgue. A lo mejor piensa Rajoy que, si eso ocurre, tampoco pasará nada. En este caso, el PP ha guardado el listón de las exigencias éticas para ejercer la actividad política en su planta sótano.