Locales del Raval venden tarjetas de móvil prepago sin pedir identificación
La práctica, usual en tiendas del centro, vulnera una ley aprobada tras el 11-M
En los atentados del 11-M, los terroristas aprovecharon la opacidad de las tarjetas prepago para activar las bombas en los trenes. Para evitar que algo así volviera a ocurrir, el Gobierno central aprobó una ley que exige a las compañías identificar a quienes compren una de esas tarjetas de móvil. Y así lo hacen: en las distribuidoras oficiales, no hay forma de comprar una tarjeta sin mostrar el DNI u otro documento. Ese requisito, sin embargo, no se exige en decenas de comercios de telefonía y locutorios del Raval de Barcelona.
"Puedes comprar sin problema. No necesitas nada. La pones [...
En los atentados del 11-M, los terroristas aprovecharon la opacidad de las tarjetas prepago para activar las bombas en los trenes. Para evitar que algo así volviera a ocurrir, el Gobierno central aprobó una ley que exige a las compañías identificar a quienes compren una de esas tarjetas de móvil. Y así lo hacen: en las distribuidoras oficiales, no hay forma de comprar una tarjeta sin mostrar el DNI u otro documento. Ese requisito, sin embargo, no se exige en decenas de comercios de telefonía y locutorios del Raval de Barcelona.
"Puedes comprar sin problema. No necesitas nada. La pones [la tarjeta] en el móvil y ya está. Puedes hablar". Lo explica sin tapujos el propietario de una movil house paquistaní en la calle de Corders, en el Casc Antic. "Tengo tarjetas Movistar, Vodafone, Orange. Todas 15 euros, 12 de saldo", dice. La escena se repite, poco más o menos, en locales similares del barrio. En ninguno de ellos se solicita DNI, pasaporte o tarjeta de extranjero.
La venta irregular impide controlar en qué manos acaban las tarjetas
Las operadoras sospechan que los comercios ofrecen chips antiguos
La ley sobre conservación de datos de las comunicaciones electrónicas se aprobó a finales de 2007. Desde entonces, las operadoras están obligadas a identificar a los clientes que adquieren una tarjeta prepago. Esos datos sirven para que, en caso de un delito grave, la policía puedalocalizar el origen de la llamada. Así se evita la impunidad. "El comprador debe ser identificado en el momento de la venta", precisa un portavoz del Ministerio del Interior. Las tarjetas, además, se venden junto con un librito y un número de teléfono al que hay que llamar para facilitar los datos. Si no se da ese paso, la tarjeta no se activa. Las que se venden en el Raval, sin embargo, sí funcionan. Se puede llamar a cualquier sitio, incluso al número de atención al cliente. "No sabemos cómo les llegan, pero hay sanciones previstas por esos comportamientos", recuerda el portavoz de Interior.
Vodafone, que con Movistar y Orange es una de las tres operadoras de telefonía con mayor implantación en España, tiene una hipótesis para explicar esta práctica. "Seguramente, los vendedores están aprovechando el stock que aún queda de tarjetas antiguas. Ésas, a diferencia de las de ahora, no requieren que el cliente las active para que la red las reconozca y funcionen", detalla un portavoz. Según esa tesis, el problema terminará en cuanto se extingan las tarjetas antiguas.
El agujero en materia de seguridad, sin embargo, es evidente. Algunos comercios están poniendo en circulación, aún hoy, tarjetas prepago. Y no hay forma de saber en manos de quién acaban: cualquier persona puede hacerse con una. "Hemos hecho esfuerzos por recoger masivamente las tarjetas antiguas", justifica el portavoz de Vodafone. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en cambio, cree que "si hay alguna denuncia, las operadoras tendrán que responder, porque es su responsabilidad".
En los pequeños locutorios del Raval, ese debate resulta ajeno. Los comerciantes se limitan a asegurarse la venta. "Todas mismo precio: 15 euros, 12 saldo. Compra y hablas".
Datos bajo control
Unos 15 millones de clientes de telefonía móvil en España que usan tarjetas prepago aún no se han identificado. Deberán hacerlo antes de noviembre. Si no, se arriesgan a perder la línea y el número de móvil, tal como prevé la ley. Las operadoras tendrán que anular o desactivar las tarjetas que no estén identificadas a partir de esa fecha.
Desde hace dos años, además, las compañías están obligadas a retener los datos del cliente para que, llegado el momento y por orden judicial, la policía pueda utilizarlos al investigar un delito grave. En especial, las actividades terroristas. Los datos almacenados sirven para conocer el origen de la llamada (desde qué móvil se hizo) y encontrar, en su caso, al autor. En ningún caso, según la ley, se almacena el contenido de las conversaciones.