Casos mediáticos para un jurado

Usted mismo podría encontrarse en los próximos meses con la responsabilidad de decidir si Santiago del Valle o Miguel Carcaño son culpables de los delitos de los que se les acusa. Seguro que conoce el negro historial que se imputa a cada uno, pero por si acaba de aterrizar en España tras pasar al menos un año y medio desconectado de la actualidad nacional, sepa que el primero está procesado por supuestamente matar e intentar abusar de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, de cinco años; el segundo se ha autoinculpado de asesinar y violar a la adolescente sevillana Marta del Castillo, de 17.
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Usted mismo podría encontrarse en los próximos meses con la responsabilidad de decidir si Santiago del Valle o Miguel Carcaño son culpables de los delitos de los que se les acusa. Seguro que conoce el negro historial que se imputa a cada uno, pero por si acaba de aterrizar en España tras pasar al menos un año y medio desconectado de la actualidad nacional, sepa que el primero está procesado por supuestamente matar e intentar abusar de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, de cinco años; el segundo se ha autoinculpado de asesinar y violar a la adolescente sevillana Marta del Castillo, de 17.

En principio, ambos casos iban a ser enjuiciados por un juez profesional, pero una reciente sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a que sea un jurado popular el que dictamine sobre ellos. Los jueces que instruyen estas causas aún no se han pronunciado, pero las acusaciones y las defensas ya discuten los pros y los contras de cada opción.

"Hay cabos sueltos para aplicar el fallo del Supremo en el 'caso Marta"

"¿Cómo encontrar a nueve ciudadanos que no estén contaminados?"

El primer debate se centra en si ambos crímenes entran en los supuestos reservados a los jurados populares. Hasta ahora, estos tribunales compuestos por 11 ciudadanos (nueve titulares y dos suplentes) se han encargado de enjuiciar a una persona sólo si la acusación es por homicidio o asesinato, coacciones, allanamiento de morada, cohecho, malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos o incendio. Si la acusación es por varios delitos, y al menos uno es distinto de los mencionados, lo juzgan jueces profesionales.

Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) dictó el 26 de junio una sentencia por la que anula la condena contra un hombre acusado de asesinar y violar a dos policías en L?Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y ordena que el juicio se repita ante un jurado popular. El Supremo entiende que los delitos que se le imputan están relacionados y que unos facilitaron los otros, una teoría que, según algunas de las partes, podría aplicarse a los casos de las menores de Huelva y Sevilla.

El juez que investiga el crimen de Marta ha solicitado esta semana al fiscal y los abogados que opinen sobre esta cuestión. Las partes aún no han contestado, pero parece descartada la unanimidad. "Hay cabos sueltos para poder aplicar sin ninguna duda la sentencia del Supremo", apuntan fuentes de una de las partes.

La primera dificultad que aducen los abogados para pronunciarse es que el juez no ha concretado los delitos de los que acusa a cada uno, por lo que ellos no pueden saber si se incluyen o no entre los supuestos de la Ley del Jurado. Pero además, el fallo de Barcelona se adapta bien las acusaciones contra Carcaño, pero en la causa, además de un menor de edad (cuya acusación se sigue en un Juzgado de Menores) están imputadas otras tres personas: su amigo Samuel Benítez, al que se le acusa de colaborar en la desaparición del cuerpo de la joven; y el hermano de Carcaño y su novia, imputados por encubrimiento. "Si sólo estuviera Miguel iría seguro a un jurado popular, pero con los demás no está tan claro", dicen fuentes del caso. Cabría la posibilidad de separar los juicios de Carcaño y del resto, pero las partes consultadas no lo consideran adecuado. "Las conductas de unos y otros están demasiado unidas".

Hay otra realidad que no escapa a casi ninguno: "Normalmente las acusaciones en estos casos van a preferir el jurado popular y las defensas el profesional", dicen estas fuentes. Ante casos tan mediáticos, los abogados defensores temen que, en lugar de con presunción de inocencia, sus clientes se sienten en el banquillo con presunción de culpabilidad. Ya hay precedentes de estas situaciones en otro suceso de gran impacto: el asesinato de la joven malagueña Rocío Wanninkhof, en el que Dolores Vázquez fue condenada por un tribunal popular y el TSJA ordenó repetir el juicio porque ni el veredicto ni la sentencia se basaban en pruebas concluyentes. Vázquez acabó siendo absuelta.

De todas formas, no todos los abogados defensores piensan igual. El letrado de Rosa del Valle cree que la causa debe ir por un jurado popular y así se lo ha comunicado al juez, al que ha solicitado la nulidad de las actuaciones a partir de la resolución del proceso como un sumario ordinario. "El sumario ordinario del caso Mari Luz se formuló antes de la sentencia del Supremo", advierte Domínguez. El abogado cree que si el juez optara por un tribunal ciudadano habría consecuencias positivas -"Se cumpliría la ley"- y negativas -el juicio tardaría más en llegar-. "Pero mejor perder unos meses en tramitaciones que cinco años hasta llegar al Supremo", insiste.

Y hay un último asunto que preocupa a todos: "¿Cómo vas a encontrar a nueve ciudadanos que no estén contaminados por todo lo que se ha dicho de este caso?", advierte José Antonio Salazar, el abogado de María García la novia del hermano de Carcaño. El mismo temor expresa el abogado de Rosa del Valle "Tendríamos que traer al jurado de Marte".