... Y también por el paro
Es sorprendente comprobar la identidad de algunos de los amigos que han saltado a la palestra, desde el pasado domingo, para regalarnos unos desinteresados consejos, de forma que podamos elevar nuestro apoyo electoral en los próximos comicios. Gentes más que próximas al Partido Popular se apresuran a deducir que la utilización de la imputación de Camps en el caso Gürtel nos ha perjudicado para, a continuación, y siempre por nuestro bien, recomendarnos que dejemos el tema. ¡No saben qué hacer para que olvidemos ese asunto! La pregunta sería: ¿debemos hacerlo?
En la Comunidad Valen...
Es sorprendente comprobar la identidad de algunos de los amigos que han saltado a la palestra, desde el pasado domingo, para regalarnos unos desinteresados consejos, de forma que podamos elevar nuestro apoyo electoral en los próximos comicios. Gentes más que próximas al Partido Popular se apresuran a deducir que la utilización de la imputación de Camps en el caso Gürtel nos ha perjudicado para, a continuación, y siempre por nuestro bien, recomendarnos que dejemos el tema. ¡No saben qué hacer para que olvidemos ese asunto! La pregunta sería: ¿debemos hacerlo?
En la Comunidad Valenciana, el caso Gürtel ha puesto sobre la mesa, de manera descarnada, la deriva autoritaria del señor Camps. Desde el momento en que aparecieron las primeras noticias que le relacionaban con elementos y empresas de la trama investigada, se dispararon todas las maniobras imaginables, sin reparar en gastos ni en gustos, para aprovechar la situación en su propio beneficio. Aquel que con sus comportamientos, sus amistades, sus regalos y sus facilidades para otorgar contratos públicos se ha visto envuelto en una imputación judicial, el que se ha atrincherado en su mayoría para no dar ni una sola explicación sobre el uso que hace de los medios y los fondos públicos, en definitiva, el que se coloca al margen y por encima de las leyes es el que se pone el traje de agredido y convierte sus infracciones en pecados de los demás. Y con eso se abre la veda del disidente y se pone en funcionamiento la máquina de generar odios, que parece que es algo que aporta rentabilidad política porque aglutina a la propia parroquia.
La situación es grave. Se están quebrando pilares esenciales para el sostenimiento de una sociedad democrática. Se estigmatiza, de forma más que amenazadora, al oponente pero también se atacan instituciones fundamentales del Estado, como la Judicatura, la Fiscalía o la misma policía, cuando se atreven a cumplir con su obligación de hacer respetar las leyes, investigando a los corruptos. Al mismo tiempo, se fomenta el aplauso al gobernante imputado, en vez de pedirle cuentas. De las Cortes, ni hablamos, porque las han convertido en un aparato exclusivamente aplicado a tapar las vergüenzas de Camps. Todo esto está sucediendo, además, ante la indiferencia, cuando no la colaboración entusiasta, de muchos medios de comunicación públicos y privados. Enfrentarse a esto no es una cuestión de estrategia política, es mucho más. Es una obligación moral, una cuestión de principios.
Algunos pensamos que sigue siendo imprescindible luchar por una sociedad democrática, más allá de tacticismos cortoplacistas y de resultados electorales adversos. No podemos aceptar la última perversión del sistema, la que pretende que el resultado del domingo da y quita razón sobre la manera de entender el funcionamiento básico de un sistema democrático. Los plebiscitos no caben en nuestro ideario, pero tampoco en nuestro modelo constitucional.
La superioridad moral del sistema democrático es incuestionable. Solo por eso valdría la pena dar esta batalla pero, además, la eficacia social de un régimen auténticamente democrático debe ser especialmente reivindicada en estos momentos. Un gobernante que prima a los amigos no está promocionando a los más capaces, lo que está haciendo es fomentar la ineficacia social y económica de la sociedad que dirige. Si lo que importa no es el mérito ni la capacidad sino la amistad, es lógico que muchos inviertan en regalos y no en innovación. Un gobernante que no debate proyectos sino que impone caprichos, está produciendo despilfarro, generando deuda y comprometiendo el futuro. Todo esto es lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, como ponen de manifiesto tantos indicadores socioeconómicos día a día, sobre todo el del crecimiento del paro.
Hoy a todos nos preocupan los parados y la salida de la crisis. Pues bien, si algo han demostrado los sistemas democráticos a lo largo de la historia ha sido su mayor capacidad para generar empleo, riqueza y bienestar para sus ciudadanos. No hay mejor programa para salir de la crisis que extender los comportamientos democráticos, en las instituciones y en la sociedad. Todo lo demás me parece discutible, eso no. Solo la democracia, practicada con un mínimo de rigor, permite aprovechar las mejores aportaciones de todos en beneficio del interés común, lo que resulta doblemente conveniente en momentos de crisis como el actual. Por eso me parece irrenunciable la defensa de los elementos básicos que configuran un régimen democrático, por razones morales y de principios, pero también como medio para afrontar en mejores condiciones la lucha contra el paro que nos aflige. En este contexto, ni podemos callar y ni podemos mirar hacia otro lado, cuando lo que está en riesgo es lo esencial.
Ángel Luna es síndic-portavoz del Grupo Socialista de las Cortes Valencianas.