Votos y argumentos
La crisis económica es la mayor preocupación de los ciudadanos, que, por otra parte, están cansados de escuchar que el problema es global y que la solución también debe serlo, evitando errores del pasado (como el de tratar de mejorar las posiciones nacionales a costa de los demás países, empeorando las de todos: años 30). Sin embargo, es notable el desinterés ante las iniciativas y propuestas de la UE (y ante las elecciones europeas del domingo): el 76% de los españoles sigue la campaña con poco o ningún interés, y sólo el 26% conoce los nombres de los cabezas de lista del PSOE y el PP, según ...
La crisis económica es la mayor preocupación de los ciudadanos, que, por otra parte, están cansados de escuchar que el problema es global y que la solución también debe serlo, evitando errores del pasado (como el de tratar de mejorar las posiciones nacionales a costa de los demás países, empeorando las de todos: años 30). Sin embargo, es notable el desinterés ante las iniciativas y propuestas de la UE (y ante las elecciones europeas del domingo): el 76% de los españoles sigue la campaña con poco o ningún interés, y sólo el 26% conoce los nombres de los cabezas de lista del PSOE y el PP, según un sondeo publicado el pasado fin de semana.
La paradoja es mayor a la luz de la evolución institucional de la propia UE: tras años en los que el papel del Parlamento Europeo se limitaba a refrendar lo decidido en el Consejo Europeo o la Comisión, el Tratado de Lisboa, que entrará en vigor -si los irlandeses no lo impiden- en 2010, atribuye a la Eurocámara una capacidad de decisión (o codecisión) mucho más amplia en temas cruciales para hacer frente a la crisis y el paro.
El mensaje es que una victoria de los otros sería un desastre histórico y una derrota de la democracia
¿Podría pensarse entonces que una campaña centrada en la política (y la bronca) doméstica estimularía una mayor participación electoral? Podría, pero lo que ocurre es lo contrario. Lo que favorece es la abstención. Pero no tanto porque se hable mucho de temas de política nacional como por los términos burdamente demagógicos en que se plantean: con la exclusiva perspectiva de desacreditar al rival, cuya eventual victoria se presenta como un desastre histórico sin paliativos, y a sus líderes como incompetentes y corruptos.
La denuncia de la corrupción (de los otros) se ha convertido de nuevo, como en la primera mitad de los 90, en el discurso politico central, incluso en los debates electorales. Con la diferencia que la denuncia afectaba entonces sobre todo al partido del Gobierno y ahora al de la oposición. La reacción del PP está a la altura de la que entonces tuvo el PSOE. Esto ensucia la campaña, pero la solución no es ocultar el problema. En Italia, periodistas prestigiosos lamentaron en su momento haber ignorado o minimizado, por supuestas razones de Estado, la crecida de ese mal en los años 80. El resultado fue que el problema se hizo tan grande que su estallido por la acción judicial se llevó por delante todo el sistema político de postguerra, abriendo una crisis que de momento ha desembocado en el populismo que encarna un Berlusconi votado por el 40% de los obreros italianos.
Con cuatro millones de parados (y una oposición que no disimula su pesar porque la cifra se reduzca ligeramente), el malestar social se dobla en desorientación política. En esas condiciones, la abstención electoral deja el campo libre a los sectores más extremistas e incluso antisistema, que si tienen a quién votar, lo hacen sin fisuras. En las elecciones del día 7 no se presenta ninguna candidatura del entorno de ETA, pero sí una, (Iniciativa Internacionalista, II-SP), encabezada por Alfonso Sastre y Doris Benegas, para la que ese entorno ha pedido el voto.
Lo hizo Otegi dos días después de que el Constitucional dejase sin efecto la anulación de esa lista por el Supremo, y en Azpeitia, a escasos metros del lugar donde en diciembre pasado fue asesinado el empresario Uria. Hizo saber Otegi que si la candidatura obtiene representación denunciará desde la Eurocámara "la situación antidemocrática" que se vive en el País Vasco, de la que sería prueba la ilegalización de Batasuna.
La Ley de partidos es constitucional porque así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, que ha avalado numerosas resoluciones del Supremo en aplicación de la misma. La coherencia lleva a aceptar ahora una resolución que va en sentido contrario a las anteriores. Es posible que II-SP se identifique con las ideas de Batasuna, incluyendo las más antidemocráticas; pero no forma parte del entramado terrorista. A Batasuna, que según los tribunales sí forma parte de esa trama, se la combate judicial y policialmente, además de políticamente. A la candidatura de Sastre y Benegas, sólo políticamente: con votos y argumentos.
Con votos, renunciando a la tentación abstencionista; y con razones como que es incoherente que una formación cuyo objetivo programático es la "defensa de los derechos del pueblo castellano" se preste a amparar por solidaridad al ilegalizado brazo político de una banda que ha asesinado a 134 hijos de Castilla; y recordando que 39.692 catalanes dieron su voto a Herri Batasuna en las elecciones europeas celebradas el 10 de junio de 1987, y que 9 días después ETA colocaba un coche bomba en un supermercado de Barcelona causando 21 muertos y 45 heridos.