La Diputación alavesa sanciona con 45.000 euros a la empresa de la residencia Ariznabarra

La Diputación de Álava ha sancionado a la empresa que gestiona la residencia de ancianos de Ariznavarra, en Vitoria, con una multa de 45.000 euros por una asistencia inadecuada a las personas usuarias del centro. El expediente a Quavitae Bizi Kalitate recoge una serie de infracciones que han causado "perjuicios graves" a las personas que se alojan en la residencia. Por ejemplo, el incumplimiento del servicio de limpieza de habitaciones y de otras zonas, el servicio de lavado y planchado, así como a la prestación de servicio de rehabilitación y fisioterapia y del servicio de animación sociocult...

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La Diputación de Álava ha sancionado a la empresa que gestiona la residencia de ancianos de Ariznavarra, en Vitoria, con una multa de 45.000 euros por una asistencia inadecuada a las personas usuarias del centro. El expediente a Quavitae Bizi Kalitate recoge una serie de infracciones que han causado "perjuicios graves" a las personas que se alojan en la residencia. Por ejemplo, el incumplimiento del servicio de limpieza de habitaciones y de otras zonas, el servicio de lavado y planchado, así como a la prestación de servicio de rehabilitación y fisioterapia y del servicio de animación sociocultural.

Además, el Ejecutivo foral le ha impuesto otra serie de sanciones que van desde los 600 hasta los 6.000 euros por el incumplimiento de las instrucciones dadas por la propia Diputación foral para constituir la Asamblea de Familiares, la imposibilidad de elección entre dos menús, sobre la sustitución de las vacantes o por no mantener la estructura retributiva del personal de la residencia. Los trabajadores de la residencia (que es pública, aunque de gestión privada) arrastran un largo conflicto con la empresa Quavitae por la mejora de sus condiciones laborales.

Por otra parte, la patronal guipuzcoana Adegi aseguró ayer que aceptar las reivindicaciones propuestas por los trabajadores de las residencias de ancianos de Guipúzcoa significaría elevar los costes de las empresas en un 50%, lo que pondría en "serio riesgo su propia viabilidad". El conflicto laboral, que afecta a 67 residencias y a sus 3.000 trabajadores, se inició el pasado mes de febrero con diversos paros y prosigue hoy en día. Los paros se desarrollan básicamente en seis centros. Según Adegi, el actual convenio establece los salarios más altos de España en este sector y es el único que incluye una jornada semanal de 35 horas. La propuesta empresarial para el nuevo convenio incluye incrementos salariales del IPC y otro tipo de mejoras.

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