Testimonio directo

El testimonio directo de dos forenses turcos en el juicio sobre la identificación y traslado a España de los restos de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42, fue algo que faltó en la laboriosa y accidentada instrucción del caso. Ahora, sin embargo, ha sido posible en la vista oral y pública que se celebra en la Audiencia Nacional, gracias al tesón y al esfuerzo de las familias de las víctimas. El hecho es una muestra de la capacidad de la justicia, a pesar de sus carencias, para establecer una verdad judicial coherente en un asunto enmarañado y políticamente man...

El testimonio directo de dos forenses turcos en el juicio sobre la identificación y traslado a España de los restos de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42, fue algo que faltó en la laboriosa y accidentada instrucción del caso. Ahora, sin embargo, ha sido posible en la vista oral y pública que se celebra en la Audiencia Nacional, gracias al tesón y al esfuerzo de las familias de las víctimas. El hecho es una muestra de la capacidad de la justicia, a pesar de sus carencias, para establecer una verdad judicial coherente en un asunto enmarañado y políticamente manipulado desde el principio.

Hay que alabar la capacidad de reacción y sensibilidad del presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, para sustituir a los dos forenses turcos citados oficialmente como testigos, que no pudieron declarar, con otros dos propuestos por los familiares de las víctimas, no privando con ello a la causa de una prueba testifical relevante. El testimonio turco ha aportado al relato judicial una versión directa, independiente y en muchos puntos alternativa a la de los mandos militares sentados en el banquillo de los acusados: refuerza no ya la versión de la chapuza -un término harto complaciente para la gravedad de los hechos- sino la de su comportamiento profesional irresponsable y su falta de la más elemental sensibilidad humana, y avala las prisas con que actuaron, acuciados por la fecha inminente del funeral de Estado programado por el Gobierno de Aznar e incapaces de anteponer en esas circunstancias su deber profesional y el respeto debido a las víctimas. No parece, según este testimonio, que fueran estos motivos los que guiaron su actuación en esos momentos trágicos para la familia militar.

Habrá que ver si el tribunal encuentra alguna relación causal entre la decisión política de traer los restos de las víctimas al apresurado funeral de Estado y la actuación de los acusados. Parece impensable que esa decisión incluyera -o se derivara de ella- algún tipo de aval a una identificación que no cumpliera con la ley y que, además, fuera engañosa. Pero al margen de lo que pueda o no decir el tribunal al respecto, la responsabilidad del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, como mínimo política, ha aparecido más clara y nítida según avanzaba el juicio. Mientras no se salde, a Trillo le será imposible librarse de la sombra del Yak-42 en su vida pública.