Grietas en el pacto de la vivienda
La unidad de los firmantes del Pacto Nacional por la Vivienda empieza a agrietarse. Ayer fueron los sindicatos los que más descontentos salieron de la primera reunión de este año para controlar el cumplimiento del acuerdo. UGT amenazó con salir del pacto y CC OO exigió medidas para paliar la continua destrucción de empleo de la construcción y evitar la exclusión residencial.
El acuerdo alcanzado por la Generalitat, patronales y sindicatos prevé, entre otras medidas, la construcción de 160.000 viviendas protegidas hasta 2016. En la última reunión del año pasado los promotores, tanto soci...
La unidad de los firmantes del Pacto Nacional por la Vivienda empieza a agrietarse. Ayer fueron los sindicatos los que más descontentos salieron de la primera reunión de este año para controlar el cumplimiento del acuerdo. UGT amenazó con salir del pacto y CC OO exigió medidas para paliar la continua destrucción de empleo de la construcción y evitar la exclusión residencial.
El acuerdo alcanzado por la Generalitat, patronales y sindicatos prevé, entre otras medidas, la construcción de 160.000 viviendas protegidas hasta 2016. En la última reunión del año pasado los promotores, tanto sociales como privados, ya plantearon que el texto se quedaba en papel mojado si las entidades financieras no daban financiación para la compra de viviendas sociales.
Fuentes de la Generalitat explicaron que en la reunión de ayer los asistentes ya se dividieron en grupos de trabajo. De nuevo, según fuentes de la negociación consultadas, el principal asunto que se trató fue el de la concesión de hipotecas. Las promotoras y cooperativas reclamaron que el Ejecutivo avale la diferencia entre el valor que cubre el banco o caja (normalmente el 80%) y el precio de compra (el 100%).
Fuentes de UGT explicaron que el sindicato se está "replanteando" su presencia en el pacto, puesto que hasta ahora la Generalitat "sólo alcanza compromisos, sin firmar ni asegurar nada". Además el sindicato exigió que el Gobierno rebaje el precio de la vivienda de régimen concertado catalán, que puede llegar a costar 300.000 euros. El Ejecutivo, por su parte, sacó a relucir números: en 2008 promovió más de 10.000 viviendas protegidas y repartió ayudas a más de 100.000 familias.