La fiscalía rectifica e investiga a la Junta de Andalucía por aprobar el hotel del Algarrobico

La fiscalía de Medio Ambiente de Almería investiga si la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Carboneras (ambos del PSOE) cometieron delitos de prevaricación al aprobar el hotel del Algarrobico, declarado ilegal por un juez de Almería. Así se lo ha notificado a Greenpeace. La fiscalía ya archivó dos denuncias sobre la modificación irregular de los planos del parque natural -alterados "de forma burda", según el juez- para permitir el hotel. Sólo ha reabierto el caso después de que el juez le pidiera que lo investigara y criticara la "abulia y desidia" de las administraciones en defensa del i...

La fiscalía de Medio Ambiente de Almería investiga si la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Carboneras (ambos del PSOE) cometieron delitos de prevaricación al aprobar el hotel del Algarrobico, declarado ilegal por un juez de Almería. Así se lo ha notificado a Greenpeace. La fiscalía ya archivó dos denuncias sobre la modificación irregular de los planos del parque natural -alterados "de forma burda", según el juez- para permitir el hotel. Sólo ha reabierto el caso después de que el juez le pidiera que lo investigara y criticara la "abulia y desidia" de las administraciones en defensa del interés general.

A la Junta de Andalucía, del PSOE, se le vuelve en contra su apoyo continuado al hotel del Algarrobico, de 20 plantas y construido a sólo 28 metros del mar dentro de un parque natural. La Junta y el Ayuntamiento no sólo subvencionaron a la empresa Azata, sino que modificaron los planos oficiales del parque natural del Cabo de Gata para permitir el mamotreto. Y lo hicieron "por vía de hecho", sin publicarlo en ningún boletín oficial. La fiscalía de Almería ya archivó dos denuncias por la modificación de los planos, pero ahora se ve obligada a reabrir la investigación por la petición del juez, que en septiembre pasado declaró ilegal el hotel y dio la razón a la asociación Salvemos Mojácar. El juez cargó contra la actuación de la Junta y el Ayuntamiento, que ayer afirmó estar tranquilo.

Hace un año hubo un principio de acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Medio Ambiente, la empresa y la Junta para demoler el hotel, según fuentes conocedoras del caso. El Gobierno ofrecía unos 40 millones de euros por el edificio y la Junta se comprometía a darle suelo urbanizable equivalente a todos los terrenos que, alrededor del hotel, posee la promotora. El pacto se rompió y actualmente la empresa tiene el hotel bloqueado a la espera de que el Tribunal Superior resuelva el recurso y el Ministerio de Medio Ambiente ha paralizado el expediente de expropiación por la misma razón. Los terrenos adyacentes al hotel siguen siendo urbanizables y están listos para que la promotora los urbanice.