El legado de Muñoz Ramonet ya casi es público
La Audiencia de Barcelona da la propiedad de las obras de arte al Ayuntamiento
Penúltimo paso para que, definitivamente, el legado patrimonial que el empresario Julio Muñoz Ramonet dejó a la ciudad pase a ser público. La Sección 17 de la Audiencia de Barcelona ha dictado una sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Maria Sanahuja, que otorga al Ayuntamiento de la ciudad la propiedad de los inmuebles y la importante colección de arte, que incluye obras de Goya y El Greco. Ahora las herederas del fallecido empresario, que se niegan a entregar el legado, pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque el hecho de que hasta ahora todas las...
Penúltimo paso para que, definitivamente, el legado patrimonial que el empresario Julio Muñoz Ramonet dejó a la ciudad pase a ser público. La Sección 17 de la Audiencia de Barcelona ha dictado una sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Maria Sanahuja, que otorga al Ayuntamiento de la ciudad la propiedad de los inmuebles y la importante colección de arte, que incluye obras de Goya y El Greco. Ahora las herederas del fallecido empresario, que se niegan a entregar el legado, pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque el hecho de que hasta ahora todas las sentencias hayan sido favorables al municipio da esperanzas al Consistorio de que finalmente "se cumplirá la voluntad Muñoz Ramonet de poner su legado a disposición de los ciudadanos de Barcelona", tal como indicó ayer el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu.
Muñoz Ramonet murió en Suiza en 1991 y en su testamento dispuso que legaba a la ciudad dos fincas de su propiedad (en la calle de Muntaner, 228-288, y en la del Avenir, 26-28), así como los contenidos íntegros de estos dos inmuebles. En el inventario de la herencia figuraban importantes pinturas, entre las que destacan La Virgen del Pilar, de Goya, y La Anunciación, de El Greco. La única condición que puso el empresario fue que se velara por ese legado y con ese objetivo se constituyó en 1995 una fundación privada, que hasta ahora no ha podido hacerse cargo del patrimonio debido al pleito judicial interpuesto por la familia. La sentencia actual de la Audiencia de Barcelona obliga a las herederas a entregar esos bienes o a pagar una compensación económica equivalente a su valor.