Puntualización

Me refiero al artículo publicado el 21 de diciembre, en el apartado sobre economía global, titulado La arriesgada apuesta de Correa, en cuyo enfoque se omite la posición de mi país, el gran afectado.

Ecuador creó en 2007 la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, conformada por expertos nacionales e internacionales, con la misión de auditar el proceso de contratación para la adquisición de créditos a nivel comercial, multilateral y bilateral desde 1976 hasta 2006, la que luego de un documentado proceso de análisis concluyó que existe ilegitimidad en varios tramos...

Me refiero al artículo publicado el 21 de diciembre, en el apartado sobre economía global, titulado La arriesgada apuesta de Correa, en cuyo enfoque se omite la posición de mi país, el gran afectado.

Ecuador creó en 2007 la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, conformada por expertos nacionales e internacionales, con la misión de auditar el proceso de contratación para la adquisición de créditos a nivel comercial, multilateral y bilateral desde 1976 hasta 2006, la que luego de un documentado proceso de análisis concluyó que existe ilegitimidad en varios tramos de la deuda externa ecuatoriana, e incluso estableció claras presunciones de ilegalidad.

Coherente con dicho informe, el Gobierno del presidente Correa, luego del período de gracia de 30 días, el 14 de diciembre entró en estado de default de los Bonos Global 2012 (30,6 millones de dólares), correspondientes a la deuda comercial. Asimismo, el 15 de diciembre se declaró la moratoria técnica de los bonos 2015 (30,47 millones de dólares). El próximo pago de Bonos Global 2030 debería hacerse el 15 de febrero de 2009.

Ecuador se propone reestructurar su deuda externa en enero próximo y pagará los créditos otorgados por los organismos de financiamiento regional, entre ellos la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Latinoamericano de Reservas, e intensificará la búsqueda de fuentes de financiamiento externo.

Ecuador está tomando acciones jurídicas en los ámbitos nacional e internacional. El no pago de la deuda es un derecho soberano frente a la alerta de ilegalidad presentada en el informe de auditoría sobre obligaciones ilegítimas, propias de estructuras económicas injustas, que han causado gravísimas consecuencias a generaciones de ecuatorianos.